La expresión “cherry picking” (seleccionar cerezas) se usa para describir una estrategia de elección sesgada de información, en la que alguien elige solo datos, hechos o ejemplos que apoyan su argumento, mientras omite o ignora deliberadamente los que lo contradicen. La imagen es la de alguien que, al cosechar cerezas, deja de lado las que no le gustan. Aplica a argumentos, estadísticas y evidencia.
Esta modalidad se vuelve peligrosa cuando se usa para manipular información, o sancionar leyes. Nahir Galarza -la joven que asesinó a su novio- es famosa, pero nadie conoce a ningún femicida, y hay un femicidio diario. El país entero está al tanto de la terrible muerte de Lucio por culpa de su madre y su pareja (otra mujer) pero ignora los nombres de los más de 160 chicos asesinados por sus padres desde 2008.
Ahora hay en el Congreso dos proyectos de ley que proponen modificar el Código Penal para aumentar las penas por denuncias falsas, pero sólo en hechos de violencia de género, delitos contra la integridad sexual o menores de edad. El Código Penal ya pena las falsas denuncias. ¿Cuál es entonces el objetivo de la reforma? Desincentivar a las mujeres a que denuncien violencias contra ellas o sus hijos e hijas.
Y eso que ya denuncian muy poco: una de cada cuatro. Solo el 18% de las víctimas de femicidio había denunciado. El 88% de las ofensas sexuales no se denuncia. El 90% de las víctimas de violencia sexual son mujeres (40% niñas, niños y adolescentes).
Según ONU Mujeres, las denuncias falsas en violencia de género representan menos del 1%. El Consejo de la Magistratura indica que menos del 3% de las denuncias penales se catalogan como falsas, y la mayoría no son por violencia de género.
“La reforma desincentiva la denuncia y refuerza estigmas sobre las víctimas, equiparando la falta de prueba con falsedad –advierte un documento del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)-. No contempla los múltiples obstáculos que enfrentan mujeres, niñas, niños y adolescentes para denunciar violencia, como barreras económicas, revictimización institucional, falta de información y protección”.
“El proyecto no contribuye a resolver los problemas de funcionamiento del sistema judicial ni mejora la protección de las personas denunciadas injustamente -concluyen-. Por el contrario, agrava las barreras para denunciar, socava la confianza en la justicia y puede tener efectos adversos sobre poblaciones en situación de vulnerabilidad“.