Buena parte de la juventud desconoce que nuestra historia registra un episodio sucedido en muy pocos países: que la propia fuerza armada bombardee a su población civil. En efecto, el 16 de junio de 1955 por la mañana aviones de la Marina sembraron el caos y la destrucción en la Plaza de Mayo y zonas aledañas.
El objetivo explícito era matar al presidente Juan Perón en la Casa Rosada quien, alertado de la conspiración, se puso a buen refugio. Ante los ataques, de modo desorganizado y sin una clara conducción –aunque la CGT llamó a movilizarse– la gente ganó las calles y fue atacada de modo impiadoso por quienes llegaron al punto de realizar vuelos rasantes sobre la multitud congregada incluso cuando ya el golpe había fracasado y los marinos y comandos civiles huían hacia Uruguay. Intentando minimizar el hecho, las cifras oficiales contaron 200 muertes y mil heridos, cifra que otras investigaciones elevan a cerca de 400 bajas mortales, muchas de ellas enterradas en secreto.
Ese fallido golpe fue consecuencia de una creciente polarización social y política que, finalmente, consumará un nuevo intento noventa días después –ahora con participación de sectores del Ejército– que logrará derrocar a Perón y exiliarlo por 17 años.
El de la “Revolución Libertadora” no fue el primer golpe de Estado ni será el último. Lo precedieron sendas asonadas en 1930 y 1943; registro que se continúa con la caída de Frondizi en 1962, el golpe de Onganía en el 66 y el más trágico aún de la terrible dictadura de marzo de 76.
Esta situación suma, además, golpes dentro de los propios gobiernos golpistas (Lonardi, Onganía, Levingston, Viola y Galtieri resultaron removidos) y los choques entre bandos de las fuerzas armadas divididas entre “azules” y “colorados” en 1962 y 1963.
El dato es parte sustancial del drama argentino. En las cinco décadas que van desde la expulsión de Yrigoyen al fin de la última dictadura la presencia militar en la política argentina fue sistemática: durante muchos años se hablaba del “partido militar” como una corporación de decisión superior de la sindical, la religiosa y los partidos políticos. Tan es así que, en el golpe de junio de 1966 –con la población ya acostumbrada a las irrupciones castrenses– el derrocamiento de Arturo Illia se realizó una mañana bien temprano y ni siquiera se suspendieron las clases en las escuelas.
Otras dos situaciones como mínimo sorprendentes acompañaron este desprecio por la sociedad. Un caso fue el de la caída en desgracia de Onganía luego del Cordobazo y del impactante secuestro y asesinato del general Aramburu.
Su reemplazante fue un general de inteligencia que residía en Estados Unidos y, nombrado por el comandante Lanusse, hubo que publicar su currículum en los diarios porque era completamente desconocido: el ignoto Roberto Levingston revistó como presidente apenas un año.
Otro caso casi insólito es el de la asunción del “último de facto”, Reynaldo Bignone. Ante la disolución de hecho de la Junta Militar tras la derrota en la guerra de Malvinas y apartadas la Marina y la Fuerza Aérea en medio de una crisis absoluta del régimen, Bignone –aunque contó con el visto bueno de la mayoría del arco político– fue designado con el “voto” de una sola persona, el comandante Nicolaides.
Lo curioso es que Bignone logró pilotear la salida electoral y duró en el cargo más tiempo que sus dos predecesores. Vale acotar que de toda la pléyade de dictadores –un total de doce generales más un puñado de transitorios– el único que cubrió todo su “mandato” fue el tristemente célebre Jorge Rafael Videla, sostenido sobre una represión salvaje, la desaparición forzada de miles de personas, un inédito nivel de censura y proscripción, una ficticia bondad económica … y un mundial de fútbol.
El daño causado por el mesianismo y la absoluta discrecionalidad de quienes se autotitularon –según la época– defensores de la patria, o de la moral y las buenas costumbres, abanderados del anticomunismo y hasta celosos custodios de los valores de Occidente ha sido enorme. Los valores democráticos, el respeto a la Constitución, la división republicana de poderes y los derechos sociales fueron pisoteados una y otra vez. Subrayemos sin embargo que –una y otra vez también– esos intentos fueron derrotados por la movilización ciudadana que logró siempre recuperar la democracia: el pueblo ha demostrado sobradamente que es sensible y capaz de defender sus conquistas sociales y políticas.
Los modelos autocráticos, autoritarios o populistas diseñados en tiempos de vigencia de formas constitucionales también han resultado pasajeros. Luces amarillas se encienden entonces cuando desde el poder se lesionan derechos, se ataca la igualdad, se desfinancian la educación, la salud, la ciencia y las obras públicas, se agrede a la prensa, se vetan leyes aprobadas o se vaticina la “muerte del socialismo” como forma de enunciar la muerte del “Estado de Bienestar” y el progresismo.
Vale recordar que parlamentarios justamente socialistas como Juan B Justo, Alfredo Palacios y Mario Bravo fueron pioneros en la legislación social como los derechos de la mujer, el divorcio, la jornada de trabajo, la distribución equitativa de la tierra, el salario mínimo, vital y móvil y el régimen jubilatorio.
Que nadie se confunda: a 70 años de aquel bombardeo no cabe duda que el pueblo vela su memoria y cultura democrática y sabrá recoger el legado de quienes dieron su vida –de modo inocente, por cierto– defendiendo sus derechos y la vida democrática.