Un principio fundacional de la identidad estadounidense -el derecho a la ciudadanía por nacimiento– podría estar a punto de enfrentarse a su redefinición más profunda en más de un siglo. Una controvertida orden ejecutiva del presidente Donald Trump, emitida apenas horas después de asumir su segundo mandato, ha desencadenado una tormenta judicial que no solo puso a prueba la interpretación de la Constitución, sino que podría desembocar en uno de los fallos más significativos en la historia reciente de la Corte Suprema.
La medida, titulada “Protegiendo el Significado y el Valor de la Ciudadanía Estadounidense”, busca poner fin a la ciudadanía automática para niños nacidos en territorio estadounidense cuyos padres se encuentran en el país sin estatus legal o con permisos temporales. Con ella, Trump apunta directamente al principio del ius soli (derecho del suelo), garantizado por la 14.ª Enmienda desde 1868.
A simple vista, podría parecer otro capítulo más en el enfrentamiento político sobre inmigración. Pero el trasfondo legal de esta batalla va mucho más allá. Si la Corte Suprema acepta pronunciarse sobre la constitucionalidad de la medida -como ya anticipa el Departamento de Justicia- el país podría estar a las puertas de un cambio jurídico y social de dimensiones históricas.
La ciudadanía por nacimiento ha sido durante décadas un elemento inalterable del pacto constitucional estadounidense. El precedente legal más sólido proviene del caso United States v. Wong Kim Ark (1898), donde la Corte Suprema determinó que un niño nacido en San Francisco de padres inmigrantes chinos -quienes no podían naturalizarse en ese momento- debía ser considerado ciudadano estadounidense. Ese fallo cimentó una interpretación expansiva de la 14.ª Enmienda.
Sin embargo, Trump y sus asesores legales sostienen que la frase “sujeta a su jurisdicción”, incluida en la Enmienda, permite una lectura más restrictiva. Bajo esa lógica, los hijos de personas que se encuentran ilegalmente en el país no estarían “plenamente sujetos” a la jurisdicción de Estados Unidos y, por ende, no serían automáticamente ciudadanos.
Desde su anuncio en enero de 2025, la orden ejecutiva fue inmediatamente desafiada en los tribunales. En los últimos meses, al menos tres jueces federales en Seattle, Boston y New Hampshire han dictado fallos que bloquean su implementación a nivel nacional, calificándola de inconstitucional.
El fallo más contundente fue el del Noveno Circuito, que el 23 de julio respaldó por 2 votos contra 1 la suspensión de la medida, alegando que violaba derechos fundamentales y que su aplicación dañaría a millones de personas. La Corte Suprema, por su parte, ya intervino una vez en el conflicto, aunque solo para limitar el uso de medidas cautelares a nivel nacional, sin entrar en el fondo del asunto.
Ahora, el Departamento de Justicia busca que el máximo tribunal aborde directamente la pregunta clave: ¿Puede un presidente limitar por decreto el derecho a la ciudadanía por nacimiento?
Analistas legales sostienen que si la Corte acepta tratar el caso en su período 2025-2026, el fallo llegaría a mediados del próximo año. La pregunta que muchos se hacen es si la actual composición del tribunal -con una mayoría conservadora reforzada durante el primer mandato de Trump- estará dispuesta a reescribir un principio considerado intocable por generaciones.
Mientras tanto, en las calles, el tema ya comenzó a polarizar. Organizaciones pro inmigrantes han convocado protestas frente a la Corte Suprema, mientras medios conservadores celebran la medida como una “restauración del sentido original de la Enmienda”.
En paralelo, los equipos legales del gobierno consideran varias estrategias para acelerar el proceso, incluyendo llevar el caso a la docket de emergencia del tribunal. Al mismo tiempo, el Procurador General analiza cuál de los múltiples fallos será el mejor vehículo para llevar el tema ante los jueces supremos.