La Convención sobre los Derechos del Niño y diversas leyes nacionales ponen el foco en la protección de niñas, niños y adolescentes. La ley 26061 creó la Defensoría como una institución independiente para la defensa de sus derechos, contemplando la posibilidad de una prórroga del mandato de los cargos concursados del defensor y/o del defensor adjunto, quien además reemplaza al defensor titular en caso de cese.
De haber ocurrido esto, se planteaba una excelente oportunidad de continuar con algunas líneas de acción y mejorar y desarrollar otras necesarias para una institución de apenas cinco años de vida. Lamentablemente, una comisión bicameral del Congreso de la Nación acordó no mantener en la transición a alguna de sus autoridades, y que la Defensoría quede a cargo del funcionario de mayor rango y antigüedad hasta que asuman las nuevas autoridades designadas por concurso.
De todos modos, la gran capacidad de los equipos técnicos que se ha logrado en estos años garantizará el cumplimiento de las funciones hasta la asunción de las nuevas autoridades. La Comisión Bicameral ha decidido que el 19 de junio comience la postulación de candidatos, cuya definición tendrá lugar el 22 de septiembre de 2025.
¿Por qué es clave la función de la Defensoría? Porque ejerce un rol activo de control y cooperación con los tres poderes del Estado (Nación, provincias, municipios). Promueve, monitorea y exige políticas públicas. Es una voz potente en el Congreso Nacional contra la reducción de presupuestos clave para infancia y adolescencia, apoya un nuevo régimen penal juvenil sin bajar la edad de imputabilidad y políticas para los adolescentes no punibles, entre otros.
Desde mi función de Defensor Adjunto, el balance de estos cinco años es muy positivo: monitoreo y mejoras en el sistema de protección y de alojamiento de niñas y niños en todo el país; desarrollo de un sistema de atención de casos -2.700 casos complejos individuales y colectivos-, acciones judiciales en materia de regresiones como la prevención del embarazo adolescente, la mortalidad de niños wichi, el plan Progresar, acceso a alimentos y medicamentos costosos. También se realiza un trabajo coordinado con UNICEF y OIT para que no haya niños en basurales a cielo abierto, entre otras múltiples acciones de exigibilidad, donde el foco fue escuchar sin interferencias la voz de niñas y niños.
Más allá de los logros, hay un largo camino por recorrer para fortalecer la Defensoría. Esto será clave en un contexto de ajuste estructural que no mide consecuencias hacia los más vulnerables.
En este sentido, la Defensoría deberá exigir sacar a niñas y niños de la pobreza, protegerlos de la violencia en todas sus formas, promover la educación sexual integral -clave para prevenir la violencia sexual- instar la creación de dispositivos comunitarios de salud mental, regular la problemática de los entornos digitales, armonizar el sistema de seguridad social dotándolo de mayor equidad-AUH, Tarjeta Alimentar y asignaciones familiares-, entre otros desafíos en materia de salud, educación y grupos especialmente vulnerables.
Como ocurrió hace cinco años, es necesario garantizar la transparencia en la selección de candidatos/as idóneos y la designación de defensores/as independientes que tomen en serio las funciones de control. Para dicho objetivo es crucial una importante participación de las organizaciones de la sociedad civil y de otras instituciones independientes, como sucedió en el concurso donde fui elegido defensor adjunto y una similar voluntad política, como la de aquel entonces.
(*) El autor de esta columna fue Defensor Adjunto de los Derechos del Niño.