Argentina ha sido bendecida en cuanto a la calidad y cantidad de recursos que se pueden extraer, producir o captar en su territorio. Desde un campo fértil que permite producir proteínas que superan los requerimientos alimentarios de su población, hasta recursos minerales y energéticos -fósiles y renovables- que todavía no hemos sido capaces de desarrollar en su totalidad para satisfacer completamente nuestras necesidades y las de otros países para que, entre otras cosas, podamos generar divisas que contribuyan a estabilizar nuestra volátil macroeconomía.
El sector energético ha tenido etapas de expansión y crisis en el siglo pasado. En las primeras dos décadas y media de este siglo esa inestabilidad se exacerbó. Como ejemplo basta mencionar que en el año 2006 Argentina logró un superávit comercial energético de 6.100 millones de dólares y en solo siete años, en 2013, lo dilapidó, transformándolo en un déficit de 6.900 millones de dólares. Una variación equivalente a dos puntos y medio porcentuales de su Producto Bruto Interno (PBI) anual.
A esta genuina catástrofe energética habría que agregarle que en esa misma época se tomó la decisión política de expropiar el 51% de las acciones que tenía la empresa Repsol en YPF, sin incluir en el proceso al segundo accionista de envergadura (Grupo Petersen, titular del 25% accionario) y, a la sazón, responsable desde 2008 de la administración de la empresa de bandera, por su capacidad de supuesto experto en mercados regulados.
Esa decisión, seguida de la falta de cumplimiento del Estatuto de YPF en el proceso expropiatorio, está exponiendo a la Argentina a pagar una compensación a los demandantes, curiosamente el mismo mayor accionista minoritario no expropiado y/o los fondos de cobertura que compraron su acreencia en el juicio que se le siguiera al Estado Nacional, una suma que a la fecha de la sentencia -septiembre de 2023- fue calculada por la justicia en 16.100 millones de dólares y que devenga intereses a razón de 800 millones de dólares por año.
Estás dos tragedias ocurrieron en un período de alta injerencia estatal en el sector energético local. Una época en la que pretendieron hacernos creer que la energía no cuesta, que lo importante es el autoabastecimiento (el ‘vivir con lo nuestro’ de Aldo Ferrer) y de paso, manejarnos como ‘un país al margen de la ley’, donde la anomia es un componente clave del subdesarrollo argentino, tal como lo explica un maravilloso libro de Carlos Nino, de recomendable lectura.
Sin embargo, no todas han sido pálidas. Las distintas administraciones, si bien más por necesidad que por virtud, han priorizado el desarrollo de la formación rocosa Vaca Muerta, sin el cual estaríamos en una situación energética muy precaria.
Vaca Muerta se ha transformado en una importante fuente de divisas de exportación para el país, situación que se profundizará en las próximas dos décadas, cuando se resuelvan las restricciones logísticas existentes, lo cual permitirá también reducir los precios internos de la energía en beneficio de las industrias y de los habitantes de nuestro país.
Asimismo, en la última década hemos logrado que el 17% de la matriz eléctrica del país sea de origen renovable no convencional -principalmente eólica y solar- como resultado de una inversión privada por cerca de 11.000 millones de dólares.
Y un detalle no menor, hoy son pocos, diría un ínfimo número de ciudadanos y políticos, quienes todavía creen que la energía no cuesta o que subsidiarla es gratuito.
La administración de Javier Milei junto con sus aliados logró aprobar en el Congreso de la Nación la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que incorporó, entre otros temas importantes, dos cambios sustanciales para el sector energético local: la maximización de la renta como objetivo de política energética, además de satisfacer las necesidades del mercado interno y la implementación de un Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que permite viabilizar la resolución de las restricciones logísticas imperantes.
El mercado, la inversión privada, sin la necesidad de injerencia estatal para administrar los recursos, pero ayudado por este para facilitar las decisiones de inversión, está en pleno funcionamiento.
El año pasado el superávit comercial energético fue de 5.700 millones de dólares. Este año, precios mediante, nos acercaremos a 7.000 millones de dólares. Si los planes anunciados por las empresas del sector, que serán sujetos a revisiones continuas y por lo tanto obligarán al Estado a no desviar el camino, se cumplen; en la próxima década podremos estar consolidando superávits comerciales energéticos de entre 30.000 y 35.000 millones de dólares anuales.
Ya probamos con el estado benefactor y claramente no funcionó. Es el tiempo para que las terrenales fuerzas del mercado actúen. Confío en que nos irá mejor y, en todo caso, si no fuera así solo lo pagarán quienes inviertan y confíen en ellas, pero no -cómo hasta ahora- todos los argentinos.
(*) El autor es el Ingeniero Juan José Aranguren, ex ministro de Energía y Minería entre 2015 y 2018, hoy director de la Maestría en Desarrollo Energético Sustentable del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).