Este jueves la Cámara de Diputados del Congreso Nacional dio media sanción al proyecto de Ley para declarar Emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027. El proyecto obtuvo 143 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones. Había sido aprobado en las comisiones de Discapacidad, Salud y Presupuesto -donde el debate fue sumamente razonable y cordial según cuenta María Casal, directora de Fundación Nano e integrante de FEDEDIS-. De las comisiones la iniciativa salió con el estudio de costos.
El dictamen busca mejorar las pensiones no contributivas por discapacidad. El monto actual es de $213 mil, equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. El beneficio podrá ser compatible con empleos formales -lo que promueve la inclusión laboral- siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos. También busca que se cumpla con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público. Se destinarán recursos para la plena implementación de la Ley 26.816, que regula el régimen federal de empleo protegido para personas con discapacidad.
La propuesta, impulsada por el dictamen de mayoría del diputado de UxP Daniel Arroyo, busca revitalizar el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, regulado por la Ley 24.901. La última vez que el oficialismo había recibido a los actores del sector fue en agosto de 2024 cuando se negoció un aumento que se vio reflejado por última vez en diciembre de ese año.
Desde entonces el monto de las prestaciones está congelado. El proyecto propone una actualización mensual automática de los aranceles de acuerdo al índice de precios al consumidor (IPC) informado por el INDEC. Hace muchos años que la demora promedio es de 90 días en el pago a prestadores. Actualmente, hay retrasos de hasta seis meses. “Haber logrado volver a tener un espacio de diálogo en las comisiones es un logro enorme”, asegura Casal.
La directora de Nano relata: “Fue importante porque todos los actores trabajamos juntos. Es difícil sacar a personas con discapacidad a la calle y lo logramos”. Daniel Arroyo -cuenta- los motivó con un proyecto factible. La sesión se había postergado cinco veces y eso hizo que el sector de la discapacidad llegara “a un punto de no retorno”.
El periodista Daniel Arzúa, @periodisca.ok en instagram, asegura que la media sanción es un paso más hacia adelante. “Luchamos por mejores condiciones en nuestra calidad de vida. No quisiéramos tener que estar dando esta batalla pero la situación es gravísima”, cuenta. De todas formas esta ley -agrega Periodisca, que también trabaja en el sector público- es insuficiente. porque “abarca sólo a la porción de personas con discapacidad que cuenta con una obra social, prepaga o alguna cobertura”.
Por la crisis económica que atraviesa el sector, la iniciativa también solicita moratorias para deudas que contrajeron prestadores del rubro. Este régimen de regularización de deudas fiscales y de seguridad social contempla la condonación de intereses, multas y sanciones, así como la refinanciación de planes de pago vigentes y caducos. Según informan a este medio algunas instituciones debieron elegir entre “pagar las cargas sociales o los sueldos” durante los últimos meses para poder mantener las instituciones abiertas.
Es importante hacerle zoom a los números. El proyecto, de aprobarse, no requiere un presupuesto adicional para destinar a esta cartera porque solicita se reasignen partidas de otras áreas, por lo que el argumento oficial de mantener el déficit cero no cuadra con el diagnóstico y la propuesta aprobada. Maria Casal asegura que la Ley de Emergencia, para funcionar, requiere el 0.003% del PBI, dato que surge de la oficina de Presupuesto del propio Congreso. Es decir que el oficialismo podría, a modo de ejemplo y en línea con su narrativa, recortar dietas de legisladores para, con ese mismo dinero, financiar las demandas de las personas con discapacidad. Un “win win” que depende meramente de la voluntad política del oficialismo.
Si se aprobara el proyecto en el Senado, corresponde al Poder Ejecutivo reasignar las partidas al momento de reglamentar la ley. Javier Milei anticipó en sus redes que si se aprueba en la cámara alta la vetará. Arzúa cuestiona: “No me sorprende que lo hiciera por la falta de empatía, pero no deja de ser lamentable e indignante dada la investidura que ocupa”.
Por último, el proyecto busca claridad en la solicitud de la auditoría de las pensiones que lleva adelante la gestión libertaria. Hoy la normativa -asegura Casal- no es clara. El universo de personas con discapacidad que perciben una pensión representa, aproximadamente, el 1,1% del total de la población del país. De las seis millones de personas con discapacidad que existen en nuestro territorio, alrededor de un millón tiene Certificado Único de Discapacidad (CUD). Concluye: “Hay que ser más reflexivos y constructivos. Tenemos que conseguir que haya un trato respetuoso entre los diferentes sectores políticos y poder respetar los tiempos parlamentarios”.