Lo primero que hizo la Argentina después del fallo histórico de la semana pasada, en el cual la jueza de Nueva York Loretta Preska dispuso que el país debe entregar su 51% de YPF a los fondos Burford Capital e Eton Park, fue presentar un pedido para que se suspenda la sentencia hasta que no se resuelva la apelación, que presentará en los próximos días.
A su vez, lo primero que hicieron esos fondos, que demandaron al país por la estatización de la petrolera, fue oponerse con sendas presentaciones a la solicitud de Argentina. Lo mismo hizo el fondo Bainbridge, que tiene una demanda aparte, por el default de 2001, pero a quien la jueza también le otorgó acciones de YPF.
En respuesta, el martes a la noche, Argentina envió al juzgado dos escritos contra los argumentos de los fondos, a la espera de que Preska dé su opinión sobre la suspensión.
Burford adquirió los derechos para litigar que tenía el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, dueña del 25% de YPF al momento de su expropiación. La demanda se basa en que, según los propios estatutos de la empresa, cuando Argentina se quedó con el 51% que era de la española Repsol tendría que haber lanzado una oferta por todas las acciones, incluidas las de Petersen.
Según aseguraron desde la Procuración, los argumentos del escrito que presentaron en el caso de Burford e Eton son los siguientes:
En tanto, en el caso Bainbridge, el país argumentó:
La Procuración está trabajando en la presentación en los próximos días de la apelación al fallo de Preska de entregar las acciones de YPF y en un pedido de suspensión ante el Segundo Circuito, si no fuera otorgado por la jueza Preska.