La defensa de YPF debe apoyarse en una estrategia jurídica sólida y coherente en los tribunales de Nueva York, basada en la cooperación de los tres poderes del Estado y el acompañamiento de todas las fuerzas políticas. Pero con eso no alcanza: debemos explicarle a la sociedad que está en juego la posibilidad de que Argentina se convierta en una potencia energética a nivel mundial.

El principal argumento del Estado argentino frente al fallo de la jueza Loretta Preska —que ordena entregar el 51% de las acciones de la empresa— es que esa decisión atenta contra su inmunidad soberana y vulnera el principio de no injerencia, dos pilares esenciales del derecho internacional.

Para fortalecer esta posición, presenté en el Senado un proyecto que busca consolidar y aclarar la naturaleza jurídica del artículo 10 de la ley de estatización 26.741. Esta norma establece que sólo mediante una ley —sancionada con mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras— pueden transferirse acciones de la compañía.

Es fundamental una declaración del Congreso Nacional que reafirme su potestad soberana y deje en claro que este artículo no otorga derechos exigibles a terceros. Ninguna corte extranjera puede forzar al Poder Legislativo a adoptar decisiones contrarias a los intereses de la Nación.

La Procuración del Tesoro —el organismo que defiende al Estado— ya solicitó la suspensión de la ejecución de la sentencia y presentará una apelación sobre la cuestión de fondo en los próximos días. Sería un acierto jurídico, y un respaldo institucional clave en el plano internacional, acompañar esta instancia con el apoyo unánime de los bloques políticos representados en el Parlamento.

Tenemos la obligación de proteger el patrimonio y el futuro de los argentinos. YPF es una pieza central para el desarrollo de Vaca Muerta, donde el crecimiento sostenido de la producción de hidrocarburos impulsa la balanza comercial energética. Si se concretan las inversiones previstas, el país podrá exportar cerca de 30 mil millones de dólares anuales a mediano plazo.

La minería y la explotación del shale nos colocan ante la oportunidad concreta de torcer el rumbo de la historia y superar, de una vez por todas, la escasez estructural de dólares que afecta a la economía argentina. En este escenario, el rol de YPF es protagónico: es la empresa que más contribuye al PBI (1,5% del total), la principal inversora y la de mayor facturación en todo el país.

Soy consciente de que le estoy pidiendo al Congreso un gesto de unidad y madurez en un contexto complejo u con dificultades evidentes para alcanzar acuerdos y en el Senado aún no ingresan cientos de pliegos para cubrir vacantes de jueces y fiscales, lo que perjudica el acceso de la ciudadanía a un servicio de justicia eficiente y de calidad.

No obstante, debemos hacer un intento serio para priorizar un acuerdo en esta temática. Prolongar el estado actual de las cosas no hará más que profundizar la desconfianza y el desinterés hacia lo público. Defender a YPF como una causa común puede ser el punto de partida para encauzar el debate, generar consensos y revitalizar el federalismo.

Me enorgullece la posición histórica de mi partido en defensa de una política energética autónoma y de una YPF con mayoría estatal, gestionada con profesionalismo y creo que podemos buscar coincidencias y construir acuerdos.

YPF está atravesada por el recorrido pendular de la Argentina en el siglo XX: avances, retrocesos, períodos de auge, crisis agudas, ilusiones de progreso y la inestabilidad crónica. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias y encaremos este desafío con una mirada estratégica hacia el futuro.

Maximiliano Abad es senador nacional (UCR, por la provincia de Buenos Aires)



Fuente Clarin.com

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