A partir del 2 de abril, Estados Unidos impondrá aranceles secundarios del 25% a todos los países que compren petróleo o gas de Venezuela, con el objetivo de asfixiar al régimen de Maduro. Previamente, a principios de marzo, se anularon las licencias petroleras para Venezuela, lo que afectó directamente a la empresa de petróleo y gas estadounidense Chevron, que solo recibió una prórroga temporal.
Este fin de semana, el gobierno de Estados Unidos asestó un nuevo golpe al anunciar a Repsol, Eni, Maurel & Prom, Reliance Industries y Global Oil Terminals que deberán cerrar sus negocios con la empresa estatal venezolana PDVSA antes de finales de mayo.
Esta medida rectifica la política de Biden, que en 2022 permitió acuerdos petroleros con el régimen, lo que supuso darle un cheque en blanco para financiar su represión.
Un estudio del Center for Global Development confirma que los mayores ingresos petroleros de Maduro están directamente vinculados con un aumento de los flujos migratorios. Cuanto más dinero recibe el régimen, más control policial, más represión y más desplazados hay. El impacto de estas sanciones también se deja sentir en China, el principal comprador de petróleo venezolano.
En 2023, casi el 70% del petróleo venezolano se destinó a China. Las nuevas sanciones ya han comenzado a reducir el comercio chino. Además, entre 2018 y 2023, China ha dejado de invertir en Venezuela, priorizando el pago de la deuda sobre nuevas inversiones según Transparencia Internacional..
La estrategia de Trump que tiene la firma del Secretario de Estado Marco Rubio, apuesta por el aislamiento y la presión sobre Maduro. Sin embargo, dentro del círculo de Trump hay resistencia. Richard Grenell, Enviado Especial del Presidente, aboga por normalizar las relaciones para facilitar las deportaciones.
Venezolanos en Estados Unidos: un factor económico y desafíos migratorios
En Estados Unidos viven más de 900.000 venezolanos, muchos de los cuales se enfrentan a la estigmatización relacionada con la influencia del Tren de Aragua, un cartel vinculado con Diosdado Cabello, el Ministro del Interior del régimen. Según el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, solo 600 de ellos tienen alguna conexión con este grupo. A mediados de marzo, 238 venezolanos fueron deportados a El Cecot, cárcel en El Salvador conocida por las violaciones a los derechos humanos. Existen dudas de que algunos de ellos no hayan recibido un debido proceso legal.
A pesar de las deportaciones mediáticas, hay que destacar que los venezolanos están bien integrados en la sociedad y en la economía estadounidense, especialmente en el sur de Florida. Según la Universidad de California (UCLA), los venezolanos con estatus de protección temporal (TPS) aportan anualmente 3,5 mil millones de dólares a la economía estadounidense y pagan 400 millones en impuestos. Además, el 76% de ellos trabajan en sectores esenciales.
Sin embargo, en sus primeros meses, Trump terminó con el parole humanitario (permiso de permanencia temporal) y suspendió la extensión del TPS. Esto conlleva a que, si no se logra resolver favorablemente en los tribunales, 700.000 venezolanos perderán su estatus legal, pese a que algunos miembros del Partido Republicano defienden su prolongación por razones económicas.
¿Status quo o presión para el régimen?
Estados Unidos debería usar su poder económico para presionar a regímenes adversarios como el de Maduro, y no a sus aliados mediante sanciones y aranceles. La política de apaciguamiento no resolverá la crisis migratoria. La migración es consecuencia de un profundo colapso, por lo que la solución requiere una estrategia para la democratización. La postura de «continuar como hasta ahora» no solo es devastadora para Venezuela, sino también para toda la región.
Diana Luna es asesora para América Latina de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad.