En pleno armado de la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires junto a La Libertad Avanza, el PRO se despachó con un informe de tono muy crítico hacia el Gobierno, en términos económicos, pero también con dardos por la política institucional.
El texto firmado por la Fundación Pensar, denominado “Justicia para Todos”, usa como puntapié el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la causa Vialidad que llevará a prisión a Cristina Kirchner, pero también se centra en una serie de cuestiones que la presidencia de Javier Milei no logró encauzar a un año de la presentación de la Ley Bases en el Congreso.
Inicialmente, las críticas al Gobiernos se advierten al alertar “sobre los riesgos de una gestión sin consensos, con avances parciales y retrocesos estructurales, que amenaza con volver a frustrar otra oportunidad de desarrollo en la Argentina”.
El macrismo, a través de Pensar, dice: “Sin una justicia eficaz, sin estabilidad institucional, sin señales claras hacia el exterior y sin una educación que prepare a las nuevas generaciones para competir en el mundo, la Argentina corre el riesgo de volver a desperdiciar otra oportunidad“.
Allí empieza a enumerar críticas: “A un año de la Ley Bases, los datos son elocuentes: sólo cuatro proyectos fueron aprobados bajo el RIGI, ninguna de las empresas públicas incluidas fue privatizada, el blanqueo laboral alcanzó apenas al 0,24% de los trabajadores informales, y el empleo formal continúa en retroceso mientras crecen los litigios”.
En esa línea es que mixtura un análisis entre justicia y economía. “La razón de fondo es que la estabilidad económica por sí sola no alcanza: sin una justicia creíble, sin reglas institucionales firmes, sin una política exterior inteligente y sin inversión real en el capital humano, ningún plan económico puede sostenerse ni escalar a una verdadera estrategia de desarrollo”, plantean.
Si bien el informe es rubricado por toda la Fundación Pensar que lidera María Eugenia Vidal, son Hernán Lacunza y Silvia Lospennato las firmas más salientes, cada uno con una reflexión desde lo económico y desde lo político-institucional.
En su editorial, el exministro de Hacienda Hernán Lacunza sintetiza esta idea con una crítica directa al Gobierno: “El desafío no es sólo estabilizar. Es transformar la estabilización en desarrollo. Hace falta mucho más que ajuste fiscal: hacen falta reglas, instituciones y consensos. Hasta ahora, todo eso ha sido deficitario”.
Por su parte, Silvia Lospennato, vicepresidenta de Pensar y que recientemente fue electa como legisladora porteña pero perdió la elección de la Ciudad, apunta a la inestabilidad institucional como principal amenaza: “Los argentinos nos merecemos un cambio que no sea un péndulo oscilante con reformas que duran unos años y luego son revertidas por giros de 180 grados.”
En cuanto a la justicia, es el ex secretario del área, Martín Casares, quien señala que “no puede seguir siendo la gran olvidada del desarrollo. Sin justicia, no hay confianza; y sin confianza, no hay desarrollo posible.” El coordinador del área de Justicia de la Fundación sostiene que, sin reglas claras ni justicia creíble, no hay inversión sostenible posible.
En el terreno internacional, en tanto Fulvio Pompeo, secretario de Relaciones Internacionales del PRO, alerta sobre los efectos del aislamiento creciente del país y sostiene que “la política exterior no es un compartimento aislado: es el reflejo de nuestra capacidad para gobernarnos con madurez, previsibilidad y respeto.”
Finalmente, el legislador porteño Sergio Siciliano pone el foco en el deterioro del principal activo estratégico: las personas. Y advierte señala que “El futuro depende de si vamos a animarnos a invertir, por fin, en lo único que realmente importa: lo humano.”
El informe incluye también artículos de Mora Jozami, directora de Casa Tres; Daiana Fernandez Molero, diputada nacional; y Andrés Ibarra, exministro de Modernización.