Una jueza contravencional de Mendoza le impuso una multa de más de dos millones de pesos a los turistas bonaerenses que habían sido filmados días atrás por otro viajero minutos después de que pintaran con aerosol verde sus nombres en unas rocas del paisaje de Potrerillos.
La decisión judicial se tomó el martes en base al costo de las tareas de limpieza de los grafftis que concretaron en los últimos días integrantes de una fundación local tras el repudio generalizado anta la vandalización del paseo de montaña.
En la audiencia virtual, tres de los cuatro imputados que declararon vía internet desde un juzgado de Pehuajó, pidieron “disculpas reiteradamente al pueblo mendocino, a la Provincia y a todos los habitantes de Potrerillos”.
“Manifestaron que lamentaban lo ocurrido y que estaban dispuestos a lo que la Justicia decidiera“, informó este miércoles la oficina de prensa de la justicia de Mendoza.
La limpieza fue tarea de una fundación que se encarga de “erradicar las pintadas vandálicas” en las montañas y que también se ocupa de recolectar los residuos “en zonas inaccesibles”. En un video que luego compartieron en sus redes sociales se ve el momento en que un grupo de personas con mamelucos de color naranja utiliza hidrolavadoras para recuperar el entorno afectado.
El episodio vandálico protagonizado por turistas bonaerenses había ocurrió la semana pasada sobre la ruta nacional 7, de alta montaña, que une Mendoza con Chile. La escena quedó registrada por un conductor que pasaba por el lugar, quien grabó el momento en que los visitantes escriben sus nombres en la superficie de las piedras: “Stela, Grachu, Gui, Mari y Moni”.
“¿Cómo vas a hacer eso, viejo? Te voy a escrachar en todos lados”, les dijo el automovilista. En su defensa, uno de los autores de la inscripción aseguró que “no sabía que no se podía” hacer eso.
La viralización de las imágenes y la indignación que generó hicieron que el caso tuviera eco en la justicia. Fue la jueza contravencional Viviana Fernández quien citó el artículo 138 del Código Contravencional, que sanciona las “degradaciones ambientales no autorizadas en zonas protegidas de la montaña mendocina”, e intervino de oficio.
Enseguida, la Justicia de Mendoza identificó a los turistas que vandalizaron las piedras y se supo que provenían de la provincia de Buenos Aires, de la zona de Carlos Casares. Como contó Clarín, a través de la utilización de tecnología de de identificación facial, – que se usa en delitos penales- se logró ubicar a uno de ellos.