El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump acaba de suspender por 120 días la aplicación de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero (FCPA) que, entre otras cosas, castiga a las empresas norteamericanas que paguen sobornos en los países extranjeros. Por ejemplo, esta ley fue aplicada en el famoso caso IBM-Banco Nación de nuestro país.
Esta ley había sido pionera en Occidente para fijar el modo de hacer negocios; es decir, dentro de un marco de transparencia y control ciudadano. Durante las privatizaciones de nuestro país en la década del ‘90, las empresas norteamericanas fueron desfavorecidas frente a las europeas ya que en aquel entonces los europeos podían pagar sobornos a nuestros funcionarios y contabilizar esas erogaciones como un simple gasto, generando una competencia desigual.
Luego, impulsado por la FCPA, Europa se alineo con Estados Unidos y prohibió ese tipo de pagos ilegales llegando a plasmarse en la Convención sobre la lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales de la OCDE en 1997.
En cambio, en Asia – principalmente, China – los negocios no se encuentran sujetos a estas restricciones relacionadas con la transparencia y eso posibilita que las empresas operen sin ataduras y sin sufrir consecuencias – en su país de origen – por su accionar ilegal en el extranjero.
Con esta nueva decisión del presidente Trump se rompe el equilibrio que se había logrado en el mundo occidental para combatir la corrupción y, ahora las empresas norteamericanas podrán pagar sobornos, sin consecuencias en su país. Eso, en términos económicos, tiende a nivelar la competencia con el mundo asiático.
Los fundamentos que se utilizan para adoptar esa medida son de naturaleza económica, pero también de crítica a las formas – excesivamente rigurosas – en que se aplicaba esa norma en los EE.UU. ( Trump llego a decir que alguien podía terminar en prisión, simplemente por hablar por teléfono).
Entonces, el debate que se abre a partir de ahora es si los ciudadanos y los estados que no estén de acuerdo con el pago de sobornos para concretar negocios, podrán demostrar que los consensos obtenidos en Occidente en estos últimos 40 años de lucha anticorrupción, fueron sólidos y consistentes o solo fueron acuerdos coyunturales de conveniencia.
Este problema en la teoría de los juegos (Axelrod) se denomina “tit-for-tat” (nuestro “tome y daca”), que implica cooperar al principio y luego hacerlo o no hacerlo de acuerdo a lo que haga el otro. Es decir que EE.UU cooperó muy activamente desde 1977 ( FCPA) para reducir los sobornos en el mundo y ahora decide quitar o reducir esa ayuda pues considera que ese conjunto de medidas anticorrupción – al menos como se han aplicado hasta el presente – atenta contra la competitividad de su economía y contra su seguridad nacional ( ver el comunicado de la Casa Blanca, en tal sentido).
El desafío para el mundo que viene es determinar si los ciudadanos y los estados que no estén de acuerdo en estas nuevas decisiones podemos convencer al resto que los acuerdos de cooperación contra la corrupción no eran medidas simplemente altruistas, sino que apuntaban a generan confianza, seguridad jurídica y mejoramiento de las relaciones comerciales entre países y empresas.
Ganar un negocio sobre la base de un soborno distorsiona la confianza que los ciudadanos tenemos en nuestros gobiernos y en la calidad de los productos que consumimos. Ya no sabremos cuales son las razones ocultas detrás de cada contratación de los estados, ni contaremos con herramientas para indagar sobre ello. En definitiva, este cambio de reglas genera un estado de incertidumbre generalizado que pone en crisis años de lucha anticorrupción. Incluso muchas de las condenas aplicadas bajo la vigencia del sistema anterior, pueden aparecer como injustas: no se trató de agentes corruptos, sino de simples facilitadores de reglas más competitivas para mercados y empresas.
Debemos emprender el trabajoso camino de demostrar que ciertas distorsiones de la economía no pueden servir como excusa para dejar de lado normas que benefician al conjunto social.
Hacer negocios en un marco de transparencia nos garantiza que la decisión de los servidores púbicos no se encuentre tenida o cruzada por intereses personales y que, en consecuencia, la decisión que adopte el funcionario público sea la más conveniente para los ciudadanos.
Ganamos previsibilidad, confianza y seguridad. Estoy convencido que muchas empresas estadounidenses, que aplican estas reglas internas contra los sobornos desde hace muchos años y que han visto que casos como Oderbrecht o Siemens han destruido el valor de sus activos, apostaran a seguir reforzando sus políticas anticorrupción rehusando concretar negocios a fuerza de sobornos.
Esa será una prueba irrefutable que las normas anticorrupción que prohíben pagarle sobornos a los funcionarios extranjeros han logrado enraizarse en la sociedades y empresas, más allá de la voluntad de los gobiernos de turno.
No pagar sobornos, garantiza la equidad de un negocio y alinea los incentivos de todos los participantes en la ecuación.
Estamos frente a un ciclo de cambio de época política, pero la robustez del sistema anticorrupción seguramente resistirá los embates y, serán las propias empresas y ciudadanos quienes saldrán en defensa del modelo, permitiendo que las cosas vuelvan a su cauce natural: pagar sobornos está mal, daña las economías nacionales y distorsiona los negocios.