Si hacemos un repaso de la vida y el desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires durante estos 30 años, desde que la reforma constitucional reconoció expresamente su condición de autónoma, podríamos resaltar el ejercicio de su propio gobierno y administración -destacada por su capacidad de gestión-, como así también el músculo democrático que se ejercita en la Legislatura porteña.
Ahora bien, existe una gran deuda y es la plenitud de dicha autonomía con respecto al Poder Judicial. Un precedente de relevancia institucional como el fallo Levinas, junto a la creación de la comisión destinada a abordar la transferencia de la Justicia Nacional ordinaria a la Ciudad, constituyen hitos que nos convocan a redoblar los esfuerzos para saldar, de una vez por todas, esta deuda histórica.
Desde 1994, la Constitución Nacional en su artículo 129 le otorga a la Ciudad facultades propias de legislación y jurisdicción, con un estatus equiparable al de las provincias. En la misma línea, la Constitución local establece en su artículo 1° que “La Ciudad ejerce todo el poder no conferido por la Constitución Nacional al Gobierno Federal” y, por su parte, el artículo 6° prevé que “Las autoridades constituidas tienen mandato expreso, permanente e irrenunciable del Pueblo de la Ciudad, para que en su nombre y representación agoten en derecho las instancias políticas y judiciales para preservar la autonomía y para cuestionar cualquier norma que limite la establecida en los Artículos 129 y concordantes de la Constitución Nacional”.
No obstante, en la práctica ese reconocimiento ha progresado, aunque parcialmente. La sanción de la denominada “Ley Cafiero” impuso restricciones que, en los hechos, condicionaron el desarrollo de instituciones claves, especialmente en el ámbito de la Justicia.
Hoy, materias esenciales para la vida cotidiana de nuestros vecinos —como la Justicia Penal, Civil y Comercial— continúan bajo la órbita nacional limitando la posibilidad de que los porteños accedamos a una Justicia cercana, moderna y ajustada a nuestra realidad.
La omisión del Gobierno Nacional en cumplir con los mecanismos de transferencia y garantizar los recursos presupuestarios correspondientes (art. 75 inc. 2 CN) afecta directamente el pleno ejercicio de la autonomía porteña. La Ciudad ha dado pasos firmes hacia la consolidación de su sistema judicial. La sanción del Código Procesal Penal (Ley 2.303), del Régimen Procesal Penal Juvenil (Ley 2.451), del Código Procesal para la Justicia del Trabajo (Ley 6.790) y de la modificación de la Ley 7 -Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de poner en funcionamiento el Fuero de Trabajo local-, son avances concretos que robustecen nuestra institucionalidad y nos acercan al objetivo constitucional.
El pasado 13 de marzo, la Ciudad instó al Gobierno Nacional a que arbitre los medios necesarios para la creación de una mesa de trabajo conjunta que estudie y analice un proceso ordenado de transferencia de las competencias de la Justicia Nacional ordinaria. En ese sentido, celebramos la conformación de una comisión mixta entre el Ministerio de Justicia de la Nación y el de la Ciudad.
Ante esta convocatoria, y tratándose de un asunto central de la gestión porteña, en representación de la Ciudad de Buenos Aires, se designó a los funcionarios de más alta jerarquía, para que sean ellos los encargados de articular los medios que efectivicen este traspaso. En la misma dirección, se inscribe la declaración de emergencia autonómica y el envío a la Legislatura del proyecto para la creación del Sistema Penitenciario de la Ciudad.
No se puede soslayar la necesidad de que dicho sistema dependa de autoridades locales. Una administración de justicia integral exige coherencia entre las decisiones judiciales y las políticas de ejecución penal.
Si algo nos caracteriza a los porteños es cuánto orgullo nos despierta Buenos Aires. Por eso, debemos seguir bregando por los derechos que aún nos faltan, que no son solo para quienes habitamos la Ciudad, sino para las millones de personas que la transitan a diario. Porque trabajar por un Poder Judicial local no es una victoria simbólica o política, sino un hecho que impacta directamente en temas transversales, como la seguridad. No se puede desoír lo que, una vez más, la Corte expresó.
Hay que terminar con la desigualdad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de las provincias. Es momento de completar estas transferencias, y que la autonomía de la Capital de todos los argentinos sea plena. Sólo entonces, Será Justicia.
Francisco Quintana es Secretario de Justicia de la CABA