
Este martes se terminaron las facultades delegadas, la verdadera motosierra que usó el Gobierno para llevar adelante el ajuste del gasto público.
Las facultades delegados constituyen el artículo 1 de la Ley Bases aprobada hace un año en el Congreso. Para lograr la sanción, el presidente Javier Milei tuvo que ceder y aceptar varios cambios. Entre ellos acotar el listado de empresas públicas a privatizar y reducir las facultades delegadas de las once materias que el Ejecutivo pretendía a solo cuatro áreas: administrativa, económica, financiera y energética.
Además el Gobierno pretendía obtener estas facultades por un plazo de dos años, prorrogable por otros dos años. Pero el Congreso acordó otorgarle solo un año.
A lo largo de esos 365 días el Poder Ejecutivo, con el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger como espada principal, utilizó las facultades delegadas para ejecutar 101 medidas. En ese listado hay eliminación de organismos, unificaciones, reorganizaciones, modernizaciones y fusiones, así como de la autorización para privatizar empresas públicas. Entre éstas están Aysa, Enarsa, Belgrano Cargas e Intercargo.
El martes 7 de julio, 24 horas antes de que venciera el plazo Sturzenegger puso quinta y aceleró con el cierre de un largo listado de organismos, con Vialidad Nacional y el INTA como los más relevantes.
Entre los organismos disueltos por decreto este martes están la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE).
Otros organismos fueron transformados en unidades organizativas dependientes de ministerios, como el Instituto Nacional del Cáncer, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).
También se dispuso la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), que centralizará la gestión de los hospitales nacionales Posadas, Sommer, Carrillo, el INAREPS y el hospital de salud mental Bonaparte, con el objetivo de optimizar recursos y fortalecer capacidades asistenciales.
Además se reorganizaron las fuerzas de seguridad, con el fortalecimiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la modernización de la normativa de la Gendarmería Nacional, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la Prefectura Naval Argentina.
También disolvieron varios institutos dedicados al estudio de figuras históricas como Manuel Belgrano, Guillermo Brown y Juan Domingo Perón, incluyendo el bar “Un café con Perón”.
En rigor se trata en la mayor parte de los casos de reasignaciones de funciones y no de cierres plenos, aunque este cambio les quita autonomía y en general les reduce el presupuesto.
Desde el gobierno informaron que los 65 decretos que se promulgaron vía facultades delegadas generaron un ahorro de US$ 2.000 millones anuales.
“El presidente Milei no quiere gobernar con facultades delegadas, pero sí quería tener un plazo de tiempo en el cual impulsar y acelerar su programa de reformas económicas. No vamos a buscar prorrogar como se hacía el kirchnerismo, porque tuvimos un año, teníamos un plan, había que hacer algo y lo hicimos”, remarcó el ministro Sturzenegger, ayer en Casa Rosada.
Entre los temas que quedan pendientes está el avance con los privatizaciones. Hay un listado de ocho empresas públicas que ya está en marcha, pero además el Gobierno busca avanzar con algunas que quedaron fuera de la Ley Bases como Aerolíneas Argentinas y el Banco Nación.
Lo que se prevé es que de ahora en más el gobierno recurrirá a decretos de necesidad y urgencia para avanzar en los temas ríspidos.
Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) remarcan que “todavía les queda echar a todos los empleados que ellos consideren ociosos. Suponemos que es el próximo paso Van a liquidar empleados como liquidaron organismos”.
En los 18 meses que llevan en la gestión fueron despedidos 50.000 empleados públicos, un monto equivalente al 10% de la planta estatal.