El caso Ghisoni —en el que un hijo admitió haber mentido al acusar a su padre de abuso sexual, presionado por su madre— reactivó un debate urgente: el de las falsas denuncias y el daño que generan. Como tantas falsas denuncias tras divorcios conflictivos, esta dejó preso a un hombre inocente. Además, reabrió el debate sobre la necesidad de establecer penas más severas para las denuncias falsas de violencia de género o abuso, un delito que hoy es excarcelable y penado con sumas irrisorias.
Una objeción habitual es que hablar de falsas denuncias “protege a los pedófilos” y disuade a las víctimas reales de denunciar. Pero sancionar a quienes mienten no debilita la lucha contra el abuso: la fortalece. Si no se penaliza el uso fraudulento de la Justicia, los tribunales seguirán saturados mientras las víctimas verdaderas esperan justicia. Quien no realice una denuncia falsa no tendrá nada que temer.
También se desmerece la problemática aduciendo erróneamente que es ínfimo el número de falsas denuncias. Muchas causas se desestiman sin llegar a juicio, o el acusado es sobreseído, y los fiscales rara vez investigan si esas denuncias eran falsas.
Además, muchos inocentes, como Ghisoni, prefieren no seguir litigando por agotamiento. Pero aun cuando fueran infrecuentes, en la Justicia cada caso cuenta. ¿Diríamos que un accidente laboral importa menos si es infrecuente? A nivel internacional estas denuncias representan entre el 5 % y el 10 % de las acusaciones legales (Ferguson & Malouff, 2016; Harris & Grace, 1999), y parecería que tras cierta deriva indeseable del movimiento #Metoo, el número de acusados falsamente podría ser superior.
Otro argumento es que los niños no mienten, y si se retractan, es por culpa o por manipulación de un progenitor. Sin embargo, hay estudios que muestran que desde los tres años pueden mentir (Talwar y Lee, 2002).
A modo de ejemplo, en Francia, el nieto del alcalde Christian Iacono lo acusó falsamente durante un divorcio conflictivo. Años después confesó: “No había sucedido nada. Inventé todo. Me había convencido de que era cierto. Era para llamar la atención”. El caso fue retratado en la película “La Mentira”.
También se descalifica el término “alienación parental” por su origen polémico. Aunque no sea un “síndrome”, eso no borra el fenómeno. Existen acciones que buscan bloquear el vínculo entre el niño y un progenitor, y daños causados por esas acciones.
La Organización Mundial de la Salud y la Asociación Estadounidense de Psiquiatría reconocen que, aunque la alienación parental no sea un diagnóstico clínico, existe como un problema entre padres e hijos y tiene relevancia legal en divorcios conflictivos.
Otra crítica sostiene que “el abuso ocurre entre cuatro paredes” y por tanto hay que creer siempre al denunciante. Pero el derecho a ser oído debe ir acompañado del deber de probar. Negar la existencia de denuncias falsas implica presuponer que las mujeres son incapaces de mentir, vengarse o manipular por interés económico, lo que implica infantilizarlas, negándoles la misma complejidad moral que se reconoce en los varones.
Se dice que esta ley es parte de una cruzada “antiderechos” de Milei. Falso. Hay proyectos similares en distintos bloques: Losada (UCR), Lemoine (LLA) y Ajmechet (PRO). Y no se restringe ningún derecho, sino que protege la presunción de inocencia ante acusaciones infundadas.
Como advierte la abogada Mariana Gallego, muchos juzgados operan como usinas de corte del vínculo paterno-filial. La perspectiva de género ha invisibilizado la perspectiva de la infancia. Negar las falsas denuncias no protege a nadie: solo destruye vidas en nombre de una causa justa.
Roxana Kreimer es Doctora en Ciencias Sociales (UBA)