Una gigantesca explosión, al parecer realizada con un coche bomba, destruyó el edificio de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994. El edificio de Pasteur 633, en el barrio de Once, pleno centro de Buenos Aires, quedó reducido a escombros a las 9 53 de ese día lunes. Hasta la fecha, es el mayor atentado terrorista de la historia argentina. Hubo 85 muertos y 300 heridos.
La magnitud de la explosión fue tal que se sintió en varias manzanas del centro de la capital argentina, debido a la onda expansiva. Autos, árboles y vidrios de ventanas estallaron hasta seis cuadras a la redonda.
Dos años antes, en 1992, un vehículo cargado con explosivos impactó contra la fachada de la Embajada de Israel: hubo 22 muertos y 242 heridos.
La investigación del atentado a la AMIA mostró las debilidades y las irregularidades de la Justicia. A más de tres décadas del ataque ningún responsable ha sido arrestado ni juzgado.
Casi 30 años después, en abril de 2024 la Justicia argentina dictó una sentencia histórica al declarar a Irán como “Estado terrorista”, responsable de un delito de lesa humanidad.
La Cámara Federal de Casación Penal dictaminó que ese país planificó el ataque, ejecutado por la organización terrorista Hezbolá.
La extensa investigación, representada en más de 146.000 fojas, fue calificada como la más compleja en la historia judicial argentina por la Corte Suprema de Justicia.
Durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, cuando ocurrió el atentado, la causa se vio afectada por trabas y numerosas irregularidades, lo que prácticamente la paralizó por completo.
El juicio, que comenzó en septiembre de 2001, concluyó en 2004 con el fallo del Tribunal Oral Federal 3, que declaró nulas todas las acciones judiciales debido a graves irregularidades.
En 2003 la SIDE, con la colaboración del FBI, el Mossad, servicio secreto israelí, y otros servicios europeos elaboró un informe que asegura que el autor del atentado era una persona de apellido Berro, que ingresó a la Argentina junto con Ahmed Saad.
En 2005 los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos informaron que el conductor suicida había podido ser identificado como Ibrahim Hussein Berro, militante de Hezbolá.
Sin embargo, los estudios realizados por el FBI, finalizados en 2017, darían negativo luego de analizar muestras de ADN recogidas en el lugar del atentado.
Encargado de investigar el atentado, el fiscal Alberto Nisman acusó formalmente a Irán de organizarlo y a Hezbolá de ejecutarlo.
De esta manera, Interpol emitió órdenes de detención —conocidas como notificaciones rojas— para cinco exfuncionarios iraníes. Ellos son:
A todo esto, en 2013, entonces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció la firma de un acuerdo con el gobierno iraní.
Este Memorándum incluía la creación de una Comisión de la Verdad, compuesta por juristas internacionales propuestos por cada país, para interrogar en Teherán a los ciudadanos iraníes con órdenes de captura de Interpol.
En enero de 2015, Nisman denunció a Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios por supuestamente ocultar la implicación de los sospechosos iraníes en el caso AMIA.
Días antes de tener que presentarse en el Congreso de la Nación para ampliar la denuncia, Alberto Nisman fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero. Hasta nuestros días, las investigaciones han determinado que Alberto Nisman fue asesinado.
En la actualidad se discute si los responsables del atentado podrán ser imputados en medio de un Juicio en Ausencia, que daría un poco de paz a los familiares de todos los damnificados de nuestros país por el mayor crimen de lesa humanidad ocurrido desde el regreso a la democracia en 1983.