Por primera vez en la historia de España, un fiscal general del Estado fue procesado y podría ser enjuiciado. Es lo que se desprende de la decisión que tomó este lunes un juez del Tribunal Supremo: procesó al fiscal general, Alvaro García Ortiz, acusándolo de haber cometido, presuntamente, un delito de revelación de secretos.
El juez instructor de la Sala Segunda del Supremo, Angel Hurtado, cree haber encontrado indicios de que el fiscal García Ortiz filtró a algunos medios españoles un correo electrónico con información sensible del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del Partido Popular madrileño, Isabel Díaz Ayuso.
Para el juez que investiga lo que sucedió, la filtración habría sido ideada desde la secretaría de gobierno de la presidencia de España y por intereses políticos.
El juez Hurtado llegó a la conclusión que el fiscal García Ortiz sabía que Alberto González Amador, el ciudadano al que se le reclamaba una deuda fiscal que habría intentado esquivar, era el novio de Díaz Ayuso.
El Tribunal Supremo procesó también a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Fue ella quien le envió al fiscal general del Estado los e-mails. El juez sostiene que Rodríguez sabría que la decisión era difundir esos correos para corregir una información que había publicado el diario El Mundo y que no era correcta.
El acto procesal contra el fiscal general del Estado no es firme. Se puede recurrir ante el juez Hurtado y ante la Sala en lo Penal del Supremo.
Si García Ortiz llegara a sentarse finalmente en el banquillo y fuera encontrado culpable, la pena que podría enfrentar alcanzaría los cuatro años de cárcel.
Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso. Foto EFEDesde el entorno del fiscal aseguran que no piensa renunciar y que permanecerá en su cargo.
Después de siete meses
La investigación al fiscal general comenzó hace siete meses, cuando la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, inició un proceso penal contra el fiscal general después de que la prensa española publicara el correo electrónico en el que su abogado reconocía que había cometido un fraude fiscal por más de 300 mil euros y le ofrecía un pacto a la fiscalía para evitar que el novio de la presidenta regional madrileña terminara en prisión.
A mediados de marzo del año pasado, la Fiscalía investigaba si el novio de la presidenta madrileña había defraudado al fisco 350 mil euros.
El diario El Mundo publicó que la Fiscalía le había ofrecido un pacto, información que no era correcta. Por eso, a las nueve y media de la noche del 13 de marzo de 2024, el fiscal general García Ortiz pidió los correos entre el abogado defensor de la pareja de Díaz Ayuso y el fiscal que seguía el caso.
A las diez de la noche los tenía en su poder. Minutos después, la web de otro medio español, La Sexta, corrigió lo que había publicado El Mundo: que, en realidad, había sido el defensor de González Amador quien había ofrecido reconocer los delitos a la Fiscalía a cambio de que el escándalo no salpicara a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Era casi medianoche cuando la home de la Cadena Ser publicó frases tomadas de esos e-mails. Y al día siguiente, El Plural, otro medio, mostraba capturas de pantalla del contenido de los correos electrónicos casi al mismo tiempo que circuló un comunicado de prensa de la Fiscalía en el que desmentía la información publicada por El Mundo.
La presidenta del PP de Madrid y del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la manifestación convocada por el Partido Popular contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Foto EFEGonzález Amador denunció al fiscal general del Estado. Se allanaron sus despachos y su celular pero la Guardia Civil no encontró indicios: García Ortiz había hecho “limpieza” en su teléfono móvil.
El fiscal general justificó su comportamiento en que se trata de una práctica habitual -borrar mensajes y cambiar de celular- por motivos de seguridad.
El juez que lo imputa cree que destruyó pruebas.
Cómo se elige
“El fiscal general del Estado ostenta la jefatura superior y representación del Ministerio Fiscal. Es nombrado y cesado por el rey, a propuesta del gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial y previa valoración de su idoneidad por la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados -aclaran en la web de la Fiscalía General del Estado-. Intervienen, pues, en su nombramiento los tres poderes del Estado. La elección debe recaer entre juristas españoles de reconocido prestigio y con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. Tiene carácter de autoridad en todo el territorio español”.
“Alvaro García Ortiz es un servidor público ejemplar”, aseguró este lunes el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
“Nuestra confianza, absoluta y plena, en el fiscal general del Estado -agregó-. Y en la fiscalía en su conjunto cuando se enfrentan a presuntos delincuentes y a defraudadores confesos.”
Desde el Partido Popular piden su renuncia: “Si el gobierno estuviera a la altura democrática de lo que el momento requiere, hoy mismo, a estas horas, estaría pidiéndole al fiscal general del Estado que se echara a un lado”, dijo Borja Semper, vocero parlamentario del Partido Popular.
Pedro Sánchez, desde Niza, donde participa en la Tercera Conferencia de los Océanos de la ONU, no abrió la boca.
Dos de las tres asociaciones que reúnen a los fiscales españoles piden la renuncia de García Ortiz. Para la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, “la situación es insostenible”.