Analía Danila Ovando había denunciado a su ex pareja por violencia de género. A pesar de tener una perimetral, él se metió en el bar de Villa Guillermina, Santa Fé, donde ella trabajaba y la degolló. Analía tenía 25 años y un hijo.
Flora Inés Moyano fue asesinada por su ex, que descartó su cuerpo en un basural en Las Heras, Mendoza. En la espalda le dejó escrito un mensaje: “Ahora no c… con nadie más”. El hombre estaba preso por haber violado a su propia hija, pero tenía el beneficio de las salidas transitorias.
Érica Almirón Romero murió estrangulada por su novio, que quiso simular un suicidio y la dejó tirada con cuatro hornallas prendidas en su departamento de Resistencia, Chaco.
Sólo un puñado de historias de los últimos días. Historias de vidas truncadas por la violencia de género de la que ya nadie habla a pesar de la contundencia de los datos y la evidencia: según el observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, se registraron 149 femicidios en lo que va del año -sólo en julio hubo 22-, y 130 chicos se quedaron sin sus madres. Además, en 2025 ya se contabilizaron 227 intentos de femicidio.
Sólo el 15% de las víctimas había denunciado, porque las mujeres prácticamente no denuncian. Las trabas son muchas. El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género sistematizó algunas de las razones, como la ausencia de patrocinio jurídico gratuito, que obliga a muchas mujeres a endeudarse para afrontar procesos judiciales; la falta de información precisa sobre cómo denunciar y seguir el proceso; los prejuicios de operadores judiciales que desacreditan o minimizan los relatos de las víctimas.
Y el impacto que tiene en la vida cotidiana de las mujeres sostener un proceso judicial, que implica acudir a múltiples organismos, repetir su relato y compatibilizar estas exigencias con responsabilidades laborales y de cuidado, lo que a su vez genera sobrecarga, ansiedad y estrés.
A pesar del negacionismo del gobierno, que desmanteló todas las políticas públicas relacionadas con el tema, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dice que las denuncias por violencia de género aumentaron un 9% en el primer trimestre: más del 80% de las víctimas son niñas, niños, adolescentes y mujeres.
La violencia es consecuencia directa de la desigualdad, y un problema cultural que debe ser abordado con políticas que miren a largo plazo. Enfocarse en las denuncias es un abordaje simplista y errado que pone el foco en las mujeres, cuando lo que debe modificarse es toda la estructura social.