La impugnación de la candidatura de Alejandra “Locomotora” Oliveras, presentada por Amalia Granata ante la Convención Constituyente de Santa Fe, se tratará este lunes por la tarde mientras la exboxeadora se encuentra internada tras sufrir un accidente cardiovascular (ACV) isquémico.
La campeona mundial había sido elegida como convencional en las elecciones provinciales celebradas en abril por su espacio política Frente Esperanza. Sin embargo, el partido Somos Vida y Libertad (SVyL), encabezado por la diputada provincial, denunció: “Oliveras no tiene residencia en la provincia de Santa Fe”.
El espacio político presentó una denuncia, firmada por el dirigente Eugenio Malaponte, y solicitó la impugnación de la candidatura de Locomotora Oliveras como convencional constituyente. Está previsto que la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Constituyente comience a tratar este recurso este lunes 21 de julio.
El partido encabezado por la modelo y panelista argumenta que la candidatura de “La Locomotora” Oliveras a la Convención Constituyente no cumple con un requisito fundamental: la residencia de dos años en la provincia de Santa Fe. Según sus afirmaciones, Oliveras nació en Jujuy y tiene domicilio en Córdoba.
Cualquier santafesino mayor de 22 años puede presentarse a elecciones, para ser convencional constituyente en Santa Fe, ya sea formando parte de un partido o una alianza política. La normativa establece que se requieren las mismas condiciones que para ser diputado provincial.
El reglamento de la Convención Constituyente, que debatirá la reforma de la carta magna provincial, establece que Oliveras continúa manteniendo su escaño mientras no exista una renuncia expresa del convencional, un pedido de inhabilidad en su contra o un deceso. Esto significa que, a pesar de la impugnación, Oliveras mantendría su banca a menos que se cumpla alguna de estas condiciones.
Cabe señalar que a finales de junio Jorge Barraguirre, el procurador de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, sugirió desestimar la impugnación presentada por SVyL, ya que su objeción fue “extemporánea” porque se presentó el 9 de junio, tiempo después de la fecha límite legal para impugnar candidaturas, que era el 25 de febrero.
Según Barraguirre, cualquier objeción de este tipo debería haberse planteado durante la etapa preelectoral. Este es el período en que los partidos políticos pueden revisar y debatir a sus candidatos. Para cuando SVyL presentó su impugnación, argumentó, el Tribunal Electoral ya no tenía autoridad para pronunciarse al respecto.