En las próximas semanas se pondrán a prueba los argumentos que vienen sosteniendo desde 1983 todos los gobiernos argentinos en el Comité de Descolonización de la ONU (C24) sobre el tema Malvinas. En efecto, desde el restablecimiento de la democracia tres han sido los pilares de las presentaciones de los máximos responsables del ministerio de Relaciones Exteriores con respecto al diferendo austral.
Las bases argumentativas están enraizadas en la tradición diplomática argentina que se asientan en la solución pacífica de la controversia; la promoción de la defensa de los principios de la integridad territorial y la no aplicación de la autodeterminación de los habitantes de las islas. Estas ideas han sido puestas en duda en distintos momentos desde que asumió el actual gobierno argentino pero todas juntas en los últimos tres meses.
Con respecto al primer pilar jurídico nuestro país y la ONU sostienen que el diferendo sobre Malvinas en una cuestión territorial y debe resolverse pacíficamente solamente con el Reino Unido. No hay terceras partes pero hay que respetar el modo de vida de sus habitantes. En cuanto al principio de la autodeterminación (siempre apoyado por nuestro país en los casos coloniales) Argentina sostiene que, de aplicarse en el caso Malvinas, rompería el principio de nuestra integridad territorial.
En 1996 los habitantes de las islas buscaron infructuosamente incluir en las discusiones del C24 su pretendido derecho a la autodeterminación. Ni siquiera el Reino Unido utilizaba ese argumento sino hasta fines de la década del ochenta cuando comenzaron las exploraciones hidrocarburíferas alrededor de la zona disputada.
Sin embargo, paradójicamente, fue el presidente Milei quien en abril introdujo una sentencia en favor de ese reclamo cuando dijo “Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos hacer de Argentina una potencia tal que ellos prefieran ser argentinos”. Primera pregunta ¿puede este peligroso llamado servir para que este año haya alguna sorpresa al momento de la argumentación y posterior votación en el C24?
Otro recorrido peligroso con respecto a las otras dos columnas de la tesis argentina podemos ir a febrero de este año cuando momentos antes de que se aprobara la resolución A/ES-11/L.10 en la Asamblea General sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, nuestro país votaba en contra de una enmienda que defendía el principio de la unidad y la integridad territorial del país europeo. Es difícil entender que idénticos fundamentos jurídicos puedan ser esgrimidos por Argentina en el C24 sin generar algún ruido entre sus miembros.
Todas estas alarmas sumado a que en la última cumbre de la CELAC-China terminó sin la inclusión de un apartado sobre la cuestión Malvinas donde anteriormente se respaldaba la posición argentina deben hacernos reflexionar sobre el rol que podrían asumir aquellos países que anualmente promueven el enfoque nacional en el C24.
Antecedentes similares recientes pueden observarse también en las cumbres del Mercosur donde las Malvinas no figuran en la agenda ni en el acta final como se venía haciendo desde la primera disposición política del bloque en Potrero de los Funes en San Luis en 1996 donde la Declaración sobre Malvinas señala que los miembros “reafirman su respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía referida a la cuestión de las Islas Malvinas”. La pregunta final ¿la presentación este año en el C24 la hará el Canciller?