A través de un decreto, el Gobierno dispuso modificaciones en el Presupuesto, estableció un nuevo mecanismo de información por parte de los organismos públicos bajo pena de recortarles el presupuesto y los instruyó a invertir los fondos sobrantes en títulos de deuda que emite el Tesoro.
De esa manera, el ministro de Economía, Luis Caputo, busca reforzar los controles y hacerse de recursos extra para financiar las colocaciones de deuda en pesos y renovar los vencimientos en su totalidad, sin tener que pagarlos al contado. Esta semana, vencen $ 11 billones y en julio, $ 37 billones, lo que presupone un escenario exigente.
En ese contexto, el artículo 4° del decreto 425/2025 dispone que “el Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias y los fondos y/o patrimonios de afectación específica administrados por cualquiera de los organismos contemplados precedentemente deberán invertir sus excedentes transitorios de liquidez, no incorporados a la Cuenta Única del Tesoro, en las licitaciones de Títulos Públicos y/o Letras del Tesoro que realiza periódicamente el Tesoro Nacional, sin afectar el desempeño de sus actividades específicas ni las finalidades de los patrimonios administrados”.
La medida alcanza a la administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo a las instituciones de seguridad social; las empresas y sociedades del Estado; los entes públicos excluidos de la administración nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio; y fondos fiduciarios.
No obstante, según la normativa, “lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación a los bancos públicos, al Poder Legislativo nacional, al Poder Judicial y al Ministerio Público“.
Por otra parte, el artículo 5° del decreto dispone que “los sujetos alcanzados por el artículo 4° deberán remitir a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes, la siguiente información: a. el flujo de fondos ejecutado al cierre del mes anterior; b. el flujo de fondos proyectado, incorporando todos los gastos y recursos hasta el cierre del ejercicio y c. el estado de las disponibilidades e inversiones al cierre de cada mes”.
Y agrega que “la Secretaría de Hacienda, en caso de incumplimiento con lo previsto en el presente artículo, podrá establecer límites en la asignación presupuestaria y/o en la ejecución de pagos por transferencias que se realicen a los sujetos obligados”, señala.
Caputo también dispondrá de información de los activos financieros del Banco Central y las entidades alcanzadas por la Ley de Entidades Financieras del sector público, excluyendo a los bancos públicos.
“El Banco Central de la República Argentina y las entidades alcanzadas por la Ley N° 21.526 y sus modificaciones deberán informar, a requerimiento de la Secretaría de Hacienda, los activos financieros correspondientes al Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y sus modificatorias”, dice la norma.
Los cambios están en línea con la orden que bajó Caputo en varios organismos dentro de su órbita para que inviertan el sobrante de caja en instrumentos como las Letras de Capitalización (Lecap).
“El decreto dice que el sobrante lo inviertan en títulos del Tesoro, hay un montón de fondos fiduciarios que se nutren de leyes de afectación específica donde hacen las inversiones que se le cantan al comité ejecutivo, y acá le dicen ´pone la plata acá´, es un control más acabado”, explicó una fuente del equipo económico.
Y respecto al Banco Central, agregó: “Quieren chequear que invierta en activos del Tesoro”. En un banco del sector público, en tanto, un gerente opinó que “están reordenando partidas y rascando la olla al máximo de activos del BCRA y fondos públicos para invertirlos”.
En ese mismo decreto, entre otras modificaciones, el Gobierno prorrogó por diez años a partir de sus vencimientos las pensiones graciables que hubiera caducado o caduquen durante el presente ejercicio. Y actualizó los requisitos de esos beneficios.
Las pensiones graciables son otorgadas por el Congreso en reconocimiento de servicios distinguidos o méritos, o debido a dificultades económicas. A fines de marzo, sumaban 41.694.
El decreto fija condiciones de acceso y compatibilidad, como no ser titular de un bien inmueble de valuación fiscal igual o superior a $ 7.000.000, no tener vínculo de parentesco con el legislador solicitante y no superar el haber mínimo garantizado.
También se señala que “las pensiones graciables que hayan sido dadas de baja por cualquiera de las causales de incompatibilidad serán rehabilitadas una vez cesados los motivos que hubieran dado lugar a su extinción siempre que las citadas incompatibilidades dejaren de existir dentro del plazo establecido en la ley que las otorgó.