Gracias a una denuncia que se originó a partir de un operativo de fiscalización en la ciudad de Añatuya, en Santiago del Estero, en sectores que se dedican a la industria del carbón vegetal, se descubrió una trata de personas y explotación infantil. Los ocho trabajadores y los dos adolescentes que trabajaban lo hacían en pésimas condiciones de higiene y de seguridad: dormían en pallets de madera, vivían sin baño y cobraban 150 mil pesos.
Los inspectores constataron que las personas que trabajaban junto a los dos menores de 15 y 16 años no contaban con agua potable ni energía eléctrica, además de realizar extensas jornadas laborales a cambio de un bajísimo pago que está por debajo del salario mínimo vital y móvil.
Los afectados les declararon a los representantes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que el empleador le realizaba descuentos por los alimentos recibidos.
Por último, los inspectores pudieron constatar que los trabajadores y los dos menores dormían en pallets en el piso dentro de carpas improvisadas con troncos y lonas.
A raíz de los hechos constatados y las manifestaciones de los trabajadores, se realizó la denuncia penal ante el Juzgado Federal 1 de Santiago del Estero, de Guillermo Molinari, por parte del secretario de Derechos Humanos, Roberto Figueroa Bothamley, a efectos que se active el Protocolo Único de Articulación (PUA) desarrollado por el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de personas, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.