Mientras el gobierno sostiene que no hay ninguna posibilidad de volver a postergar la implementación del Sistema Acusatorio en Comodoro Py y en el fuero Penal Económico, el Ministerio Público Fiscal volvió a fijar posición, persisten problemas acuciantes: falta de recursos, infraestructura, conectividad, cobertura de cargos, que podrían hacer peligrar el correcto funcionamiento de la nueva modalidad procesal. En una reunión encabezada por Eduardo Casal, Procurador General de la Nación, plantearon diez puntos que se sintetizan en la falta de recursos y la necesidad de una decisión política para cubrir cargos. Dudan que en tres meses se resuelvan “los problemas estructurales”.
Bajo la convicción de que el sistema acusatorio es el camino a transitar para una justicia más eficiente, hay un planteo central: “Sin recursos que den lugar a una implementación, un destino inteligente en recursos edilicios, humanos y tecnológicos, se torna inviable lo que propone el gobierno”, replicó un fiscal de larga trayectoria en Comodoro Py. En el Ministerio de Justicia insisten en que los problemas edilicios no son argumentos suficiente “para no cumplir la ley”.
En su momento, los fiscales de Cámara habían advertido que “la forma de su implementación es prioritaria para el buen funcionamiento del sistema y para que los intereses de la sociedad no se vean frustrados”.
Pese a este escenario, el ministro de Justicia hizo una distinción: “la queja es solo de los fiscales”. Ese primer planteo tuvo su réplica en más de un despacho: “La queja es un planteo avalado por el Procurador General en más de veinte notas que nunca se respondieron y que incluye a todos los fiscales de ambos fueros, federal penal y penal económico, con un reclamo central: sin recursos no es la forma de llevar adelante este cambio”, indicó un fiscal con larga trayectoria en el edificio de Retiro.
La reunión reciente fue un respaldo mutuo: los integrantes del MPF avalaron todo lo planteado por Eduardo Casal en la última nota remitida al ministro Cúneo Libarona, y a su vez los fiscales vieron reflejada en la misiva todos los reclamos que se vienen exponiendo hace meses. La postura es una sola, como suelen reiterar en más de una ocasión.
Como máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal, Casal avisó que el cambio de sistema procesal “debe ser transitado con los medios necesarios para asegurar su éxito y hacer realidad los estándares que pretende el modelo adversarial”.
Para avanzar, entonces, hacia la implementación del sistema acusatorio en un distrito con las particularidades que presenta la justicia federal y en lo penal económico de la Ciudad de Buenos Aires, es imprescindible contar con la cobertura de los cargos vacantes.
Ese fue el aspecto central de la reunión entre el procurador y los fiscales: el déficit de cargos vacantes existente en el MPF. “Hace un año y medio que el Poder Ejecutivo retiene 222 pliegos para esos nombramientos”, señaló Casal.
Los números no tienen precedente: en la Procuración la cantidad de fiscalías vacantes asciende al 40%.Algo similar ocurre en los juzgados y tribunales. La ley de subrogancias, que se pensó como un paliativo, se convirtió en la norma. Eso afecta la administración de justicia.
En el encuentro se repasaron los recursos humanos y tecnológicos indispensables para la implementación efectiva del sistema y un decálogo de reclamos que los más de veinte integrantes del MPF presentes convalidaron.
En primer término, se adhirió a la nota remitida por Casal al Gobierno. Se destacó en respuesta al ministro Cúneo Libarona que en el comunicado oficial de postergación de la fecha para implementar el sistema acusatorio habló de falta de capacitación por parte de los fiscales. “Considerarse preparados para llevar adelante causas de complejidad y así lo han demostrado, y que no debe confundirse el reclamo de herramientas para desarrollar sus labores bajo el nuevo sistema con falta de capacitación o desacuerdo con su instauración”, se expresó.
Por otro lado, los fiscales y Casal plantearon la necesidad de que se haga efectiva la autarquía financiera del Ministerio Público Fiscal. Este año frente a los más de 641.000 millones de pesos requeridos ante el Ministerio de Hacienda, fueron aceptados 454.807 millones.
En el detalle de los diez aspecto planteados, se resaltó la necesidad de fortalecer la representación del Ministerio Público, cubrir las vacantes existentes, dotar de más personal a las fiscalías (creación de cargos y traspaso), establecer cuerpos periciales propios, firmar convenios para asegurar la atención de los existentes, mejorar la situación edilicia y tecnológica, entre otras medidas de refuerzo”.
Esencialmente, después de otros aspectos técnicos puestos de manifiesto en la conclusión de la reunión con Eduardo Casal, los fiscales consideraron que los tres meses impuestos por el Gobierno para finalmente, llegar a Comodoro Py con el sistema acusatorio, podrían no alcanzar para subsanar la crisis integral que se afronta.
“Advertimos que el tiempo que resta hasta el 10 de noviembre, no parece suficiente para realizar las adecuaciones necesarias”, resumieron.