Este jueves se realizó ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) la audiencia de unificación de la pena para José López, el hombre que revoleó 9 millones de dólares en un convento. Durante la reunión y ante los jueces, el hoy detenido por el caso Vialidad pidió la palabra y desde el Penal de Ezeiza, dijo que cuando logró la excarcelación dio clases en la universidad y en escuelas secundarias. “Me alcanzaba para mantenerme, llevaba una vida de forma austera pero digna”.
José López afronta una condena por enriquecimiento ilícita y portación de armas, unificada, de siete años y medio. La audiencia tenía como objetivo escuchar a la fiscalía y a la defensa respecto a si habrá unificación con la pena del caso Vialidad, donde le otorgaron seis años por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
En ese marco el fiscal general, Diego Luciani, pidió que no haya unificación sino una cuenta aritmética, es decir: que afronte ambas penas en su totalidad.
Previo a finalizar la audiencia, el juez Jorge Gorini presidente del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), le preguntó al ex funcionario si deseaba hablar.
Desde una sala de audiencias del Penal de Ezeiza donde se encuentra detenido desde el 16 de junio en cumplimiento de la condena de corrupción del caso Vialidad, José López se dirigió al Tribunal.
“Después de que obtuve la excarcelación después de seis años de detención, conseguí trabajo haciendo de determinaciones de precios y seguimiento de contratos”, contó al inicio de su breve exposición.
Sin embargo, dijo que a los dos meses y medio de haber aceptado ese trabajo “lo perdí producto de la situación mediática”. Su defensor oficial, Santiago Finn, minutos antes habló del “estigma social” con el que carga José López, recordado por las imágenes del Convento de General Rodríguez, donde buscó ocultar bolsos con U$S 9 millones, joyas, relojes y armas de fuego.
Refugiado en Río Gallegos desde 2022, y haciendo del perfil bajo un culto, el ex funcionario de Cristina Kirchner, dijo que logró encontrar otros trabajos: “Di clases en escuela secundaria donde la relación con mis alumnos la mantenía a través de sus padres y también di clases de forma virtual para la universidad, clases de Física”, contó.
Su relato buscó imprimir un sentido de cotidianeidad y reinserción a la sociedad tras haber dejado el Penal de Ezeiza a donde ingresó por primera vez en junio de 2016, después del episodio de los bolsos cargados de dinero que la justicia sostuvo en la condena de juicio, que nunca logró justifica.
“Cuento esto para mostrar el grado de reinserción que desarrollé”, y en esa instancia -visiblemente quebrado- dijo que esos trabajos le permitieron “mantenerme en el último tiempo de forma austera pero digna”.
En ese mismo sentido, José López expresó que se encontraba -antes de que quede firme el fallo de Vialidad-, “en un proceso de reconstrucción de los lazos familiares y afectivos, con mis hijas y mi nieto de quien, por ejemplo, soy tutor legal ante el director de la Escuela”.
Antes de concluir su alocución señaló: “Siempre estuve y estoy a derecho”.
Recientemente, el TOF 2 le negó la beneficio del arresto domiciliario. Si bien había aducido su defensor oficial, problemas psiquiátricos y psicológicos, los jueces fundaron su decisión en los informes médicos oficiales que concluyeron que “no presenta en la actualidad sintomatología compatible con un cuadro de “desestructuración psicótica que deteriore su función judicativa como así tampoco alteraciones del curso y contenido del pensamiento ni trastornos psicoafectivos al momento de la evaluación”.
Los peritos descartaron la existencia de indicadores de riesgo cierto e inminente y afirmaron que sus facultades mentales “encuadran dentro de la normalidad psico-jurídica y médico legal”.
Rechazo a la unificación de pena
El ex Secretario de Obras Públicas está condenado a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Fue el primero en entregarse en Comodoro Py donde se hizo efectiva su detención tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la condena por corrupción en este caso.
La pena que afronta es la misma adjudicada a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Nelson Periotti -ex titular de Vialidad Nacional-. José López estuvo desde 2021 en Río Gallegos tras ser excarcelado en la causa por enriquecimiento ilícito, y hace dos semanas volvió a ingresar al Penal de Ezeiza.
El rol del ex secretarios de obras públicas en la maniobra defraudatoria que ocasionó, según los números actualizados y convalidados por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), asciende a 537 millones de dólares.
El defensor oficial, Santiago Finn, en el marco de la audiencia solicitó al TOF una unificación de la pena a través de la composición de condenas, no sumando las dos sentencia dictadas contra José López.
Hay dos métodos para la unificación: Por un lado está el denominado “método aritmético”, que es la sumatoria directa de las dos condenas. No es el sistema más aplicado: suele contemplarse el llamado “método composicional” a través del cual se integran las dos penas, “ya que de haberse juzgado todo en un único juicio sería menor a la suma aritmética”.
A la hora de argumentar su planteo indicó que el delito de corrupción, “el de administración fraudulenta, que es la verdadera causa del enriquecimiento, pierde mucha punibilidad el reproche por enriquecimiento ilícito porque integra la administración fraudulenta”. Entonces se requirió que la pena se acerque más a la del caso Vialidad, es decir los seis años.
La pena unificada requerida por el defensor oficial es de ocho años. Entendió que la pena de Vialidad es de seis años, pero que no se debe realizar una suma aritmética respecto a la otra condena “para evitar duplicar las acusaciones”
Rechazando cualquier unificación de la pena, el fiscal general Diego Luciani señaló: “En este caso se juzgó un hecho de gran corrupción con las más altas jerarquías del gobierno, del que fue parte el ex secretario de obras públicas, generando un colosal perjuicio al Estado”, señaló.
La fiscalía entendió que corresponde rechazar el pedido de unificación de la pena. Entienden que no están dadas las condiciones para componer la pena, sino que debe responder por ambos procesos de forma individual, lo que representa más de 13 años de cárcel.
“Pedimos al Tribunal que se condene a José López a la pena de 13 años de prisión, en caso de que se considere oportuno unificar las penas”, dijo Luciani
Los fiscales ponderaron de forma negativa la “gravedad de los hechos, de los delitos cometidos” y se refirió al decomiso actualizado por parte de los peritos de la Corte Suprema que convalidó el TOF 2, “el valor oscila alrededor de los 537 millones de dólares”, es sólo una parte para el MPF, “establecimos durante el juicio que los daños ocasionados ascendían a 1.000 millones de dólares”.
Además, señaló que el rol de José López como Secretario de Obras Públicas durante la gestión kirchnerista, fue central “para el fraude colosal cometido, tuvo un acabado conocimiento de la maniobra delictiva y un rol preponderante en la misma”.
La investigación conocida como “Vialidad”, se concentró en las irregularidades alrededor de las 51 licitaciones viales que se adjudicaron a Lázaro Báez en los tres primeros gobiernos kirchneristas, en las cuales se determinó la existencia de un circuito de pagos exclusivos, licitaciones direccionadas, el pago de sobrecostos, falta de controles, procesos de concursos donde Báez disputada contra sí mismo las ofertas, entre otras.
En ese entramado de corrupción, sostiene la condena, José López fue determinante para que la maniobra defraudatoria se concrete. Tenía a su cargo la cartera de Obras Públicas pero esencialmente, era el responsable de garantizar los pagos irregulares al Grupo Austral.
Tres elementos fueron determinantes: la gestión de los fondos que recibía Báez, a quien nunca se le adeudó ni una sola certificación de obras. Como Secretario de Obras Públicas, López era responsable de la asignación de fondos para proyectos viales.
Su celular fue una pieza clave durante el juicio. De las conversaciones extraídas del mismo, se logró conocer la relación directa con el holding de Báez, cómo algunos contratos se direccionaban y cómo -también- al finalizar la gestión de Cristina Kirchner, puso en marcha lo que se llamó el plan “limpiar todo”, para evitar que queden pruebas sobre las irregularidades que beneficiaron sistemáticamente al ex socio comercial de Cristina Kirchner.