El 3 de octubre de 1920 el pueblo de Santa Fe eligió a representantes con el objetivo de reformar la Constitución provincial. Los radicales obtuvieron 36 convencionales y los demócratas progresistas 24. Tras casi un año de labor, el 13 de agosto de 1921 fue sancionada una nueva constitución que fue aprobada por los diputados provinciales el 21 de diciembre.
La nueva carta magna era una de las más avanzadas y progresistas de la época. Se eliminaba a la religión católica como credo del Estado, se disponía que la enseñanza fuese gratuita, integral y laica. Un capítulo especial estaba dedicado a garantizar los derechos laborales.
Establecía la autonomía del Poder Legislativo para abrir por su cuenta las sesiones y prorrogarlas; ampliaba el derecho de investigación parlamentaria; los jueces eran declarados inamovibles; abolía los impuestos sobre los artículos de primera necesidad; creaba impuestos al latifundio, al ausentismo de los terratenientes y al mayor valor del suelo; prohibía en la provincia las loterías y los juegos de azar.
Suprimió el requisito de pertenecer a la religión católica para ser gobernador y vicegobernador. Creaba la Corte Suprema de Justicia y un Jury de enjuiciamiento para los magistrados y establecía la separación de la Iglesia y del Estado.
Todo esto era demasiado para los conservadores y hasta para el propio caudillo Hipólito Yrigoyen, que acompañó al gobernador de la provincia, el radical alvearista Enrique Mosca, en su decisión de rechazar todo lo actuado por la convención.
A través de un decreto, Mosca declaró nulas las sesiones y reformas constitucionales operadas después del 15 de junio de 1921. El argumento de don Mosca era que la Convención provincial se había excedido en el tiempo fijado por la ley para la sanción de un nuevo texto.
Lisandro De la Torre no se iba a quedar callado frente a semejante atropello a la democracia y denunció a los responsables:
“La fuerza que avasalla el derecho es el resultado de connivencias políticas de factores muy poderosos, el presidente de la República, el gobernador de una provincia, el clero católico, representantes de los más diversos intereses ultra conservadores y antidemocráticos de la sociedad. (…)
Acuso al gobernador de Santa Fe del vicio de hipocresía; lo acuso de haber invadido la estera de acción de otros poderes de la provincia, avasallando sus prerrogativas y haciéndole imponer su opinión por la fuerza, lo acuso de haber alterado la forma representativa de gobierno de su provincia, y lo acuso, por último, de haber violado los fueros de la Honorable Cámara”.
Y por si a alguien le quedaba alguna duda remató:
“Yo que nunca creí en el peligro clerical, yo que aspiraba ingenuamente a que cada cual creyera en lo que su conciencia le dictase, hoy, alarmado, angustiado ante una conjura de intereses clericales que pretenden, con mentiras y tergiversaciones, destruir la Constitución de mi provincia, reconozco que he estado en un error; que el clericalismo es un peligro para nuestras libertades…
Esto lo pongo ante los ojos de la Cámara; ¡una Constitución argentina está en peligro de ser anulada por una conjuración clerical!”.
En las elecciones de 1922 fue electo nuevamente diputado nacional y desde su banca promoverá proyectos de ley para fomentar las cooperativas ganaderas y de control o expropiación de los frigoríficos extranjeros.
En 1926, en vísperas de terminar su mandato, desanimado y sintiéndose muy solo con sus ideas, Lisandro anunció su retiro definitivo de la política. Se fue a vivir a su estancia de Las Pinas en el límite entre Córdoba con La Rioja.