Entre los anuncios de la baja de retenciones para el campo y la posibilidad de que los argentinos vuelvan a viajar a los Estados Unidos sin visa, el gobierno decidió postergar por tres meses la reforma más importante en la historia de Comodoro Py: un cambio de procedimientos en la investigación penal que les quita poder a los jueces y se los da a los fiscales.
El sistema acusatorio, así se llama, empodera a los fiscales como jefes de la investigación, agiliza medidas -con audiencias orales que se resolverán en el acto-, le da más transparencia y velocidad al proceso y hace que el fiscal que investiga sea el mismo que acuse en el juicio.
Misma causa, mismo fiscal. Justicia directa.
Los jueces tendrán un papel de garantes, pero no van a conocer los detalles finos del expediente. La reforma les quita a los jueces el poder de la información, la discrecionalidad de la acción y el manejo de los tiempos. Nada menos.
En la historia de Comodoro Py, es una revolución sin precedentes.
En el fuero donde se deciden los casos de corrupción, lavado de dinero y narcotráfico más resonantes de la Argentina, cambia la cancha y se reescribe el Martín Fierro: “Hacete amigo del fiscal…”, cantaría ahora el gaucho de Hernández.
Todo iba a comenzar el 11 de agosto, pero ahora será en noviembre. En el medio están las elecciones y una reconfiguración del poder de fuego del Gobierno. Para más o para menos.
El cambio en el sistema penal tiene implicancias que van más allá del ámbito judicial. Fue una recomendación del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) al ministro Cúneo Libarona en la cumbre del año pasado, en París.
“El sistema acusatorio va a facilitar la llegada de inversiones extranjeras de mediano y largo plazo”, opinó Cúneo Libarona entonces, quizá para conseguir la atención personal del presidente Milei en el asunto.
Las repercusiones políticas son obligadas en el fuero donde fue condenada Cristina Kirchner: el Frente Renovador de Sergio Massa se opuso a que el cambio fuera en agosto y pidió patearlo para adelante.
Cosas de la política argentina: al postergar la medida oyendo razones de la Procuración, el Gobierno hace lo que pedía Cecilia Moreau, voz de Massa -quien conserva sus vasos comunicantes en Comodoro Py- y enemiga de los libertarios.
La postergación se anunció luego de que la Procuración pidiera más tiempo para reacondicionar la estructura de los fiscales, que teme sea superada por la demanda de trabajo y la falta de nombramientos.
Hoy más del 40% de los cargos están sin ocupar, y los fiscales existentes van subrogando esas vacantes por turnos rotativos.
No les alcanza la gente ni el espacio, alegan.
Desde ese lado, ven como una contradicción que el Gobierno acelere la reforma sin haber resuelto las vacantes.
No es lo único: cuando fueron al Ministerio de Economía a pedir un aumento del presupuesto, no sólo les dijeron que este año no habría un peso más sino que les pidieron bajar 2,5% los gastos actuales.
Se los dijo directamente el secretario de Hacienda Carlos Guberman, mano derecha del ministro Caputo.
En cuanto al espacio de trabajo, el ministro Cúneo Libarona cedió el edificio Raúl Alfonsín, ubicado dentro de la ex ESMA, para que la Procuración traslade personal allí, donde hay 3.500 metros cuadrados disponibles: “Queda a entre 12 y 15 minutos de Comodoro Py…”, les indicó, como si los fiscales vivieran en la Luna.
La postergación será por única vez, dice el Gobierno, y jura que la reforma en Comodoro Py no pasará de noviembre.
Los fiscales hacen cuentas. Los jueces miran de reojo las causas sensibles al poder que aún tienen y calculan las que todavía les pueden llegar, porque van a conservar su potestad de investigación sobre todo lo que entre antes del cambio.
Noventa días en la Argentina, con elecciones en el medio, es un océano a cruzar en un gomón a remo.