La Justicia revocó el sobreseimiento de los dueños de Helacor, empresa cordobesa dueña de las heladerías Grido, y ordenó que se realice el juicio oral por el presunto delito de asociación ilícita fiscal. La sentencia de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación alcanza a Oscar Lucas Santiago, Lucas Santiago y Sebastián Oscar Santiago.
Así, el fallo por mayoría rechazó la decisión del Tribunal Federal Oral 2 de Córdoba, que en agosto decidió que ese delito estaba alcanzado por la ley de blanqueo.
Los ejecutivos adhirieron al programa de regularización de activos habilitado en 2013 por la ley 26.860, reconocieron el delito y suscribieron certificados de depósito para inversión (Cedin) por US$ 2 millones.
Apuntaron a extender los beneficios del régimen al delito de asociación ilícita fiscal, pero la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la solicitud.
La causa se inició por supuestos delitos cometidos entre 2007 y 2012, y se acusó a los directivos de presuntamente integrar una “asociación destinada a cometer delitos tributarios para aumentar sus ganancias”.
En ese sentido, según la acusación, habrían formado una organización orientada a cometer maniobras tributarias para maximizar beneficios económicos con un esquema que habría alcanzado distintos niveles del negocio, desde la producción hasta la distribución y venta de helados e insumos. También estarían involucradas las franquicias.
“El fraude consistía en introducir la marca en nuevos mercados, instalando las primeras heladerías a nombre de personas físicas de confianza de los directivos o de sociedades integradas por los mismos junto a terceros leales a ellos”, indicó oportunamente ARCA, la exAFIP.
Su modo de operar logró “evitar fraudulentamente el pago de impuestos nacionales mediante la comercialización marginal de helados a gran escala a través de un sistema ideado, implementado, ejecutado y controlado por los directivos llamado ‘operaciones W’, en el que estarían implicados contadores y abogados cercanos a la empresa”, precisó en un operativo en mayo de 2012, que incluyó más de 18 allanamientos.
En ese entonces, los ejecutivos ofrecieron una “reparación integral del daño causado” por $ 240 millones destinados a distintas organizaciones de bien público, en tanto sus abogados pidieron la aplicación retroactiva del régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social aprobado el año pasado y del decreto reglamentario 608/24, que plantea que la extinción de la acción penal aplica también a los imputados por delitos fiscales comunes.