Era el mediodía del 8 de febrero de 2024. El cielo se oscurecía. Anunciaban una tormenta descomunal en la Ciudad. Ingrid Vadala salió a comprar minutos antes y vio una rajadura enorme en la parte de la casa donde vivían los hermanos Ramón y Nélida Acuña. Se preocupó y se lo hizo saber a Ramón. Él llamó al arquitecto, quien le aseguró que no había de qué preocuparse.
A los pocos minutos se hizo de noche. La lluvia caía con fuerza. De repente, un cimbronazo sacudió la cuadra. Los vecinos del Ph ubicado en Pedro Goyena 555 abrieron sus puertas y el pasillo ya no estaba. Tampoco el suelo. Todo se lo había tragado la tierra. Ramón y Nélida fueron devorados por un sinfín de escombros. Los dos murieron.
Ya pasó un año y el vacío sigue ahí. No solo en el terreno, donde aún no se ha movido un ladrillo para la reconstrucción, sino en la vida de los vecinos, que aún deambulan en alquileres con la incertidumbre de no saber qué pasará con sus hogares ni tampoco si van a renovar sus casas provisorias.
Después de la tragedia
Las familias afectadas lograron rescatar algunas cosas y a sus mascotas, pero todo lo demás quedó en un limbo. La constructora MAB Inversiones SRL —constituida por Yanina Natalia Cueto, Fernando José Cueto y Jorge Ezequiel Cueto— al principio no brindó una ayuda concreta. Incluso en su momento enviaron un formulario para que los vecinos, a cambio de dinero, los eximieran de toda responsabilidad. Finalmente, con la intervención del Gobierno de la Ciudad, aceptaron pagar los alquileres. Pero con una condición: renovaciones mes a mes, sin certezas.

El desgaste emocional de los vecinos es enorme. No hay estabilidad ni respuestas claras. Así lo expresa Ingrid Vadala: “A través de mi abogado, yo renové mi alquiler por seis meses y vence en mayo. Ellos no me quisieron renovar por un año como yo lo solicité porque la realidad es que nuestra vida se va renovando por seis meses. Es una locura, no te dan posibilidad de proyección, estás todo el tiempo pensando de acá a seis meses qué va a pasar.”
Elisa está en una situación aún más desesperante: “No he tenido ninguna respuesta de la constructora respecto a si van a darme el dinero para poder renovar o no. Y lo vengo pidiendo con mi abogado hace dos meses. No soy la única que está así. Ha habido otros casos donde la gente ha tenido que esperar y ahí negociar con las inmobiliarias porque la constructora se demoró dos semanas en darles el dinero. No sabemos si quieren desgastarnos o qué buscan, porque la realidad es que nos tienen en una incertidumbre y una angustia tremenda. Ni siquiera sabemos, en mi caso, si en ocho días voy a tener dónde vivir con mi hija”.
Lucas, otro de los damnificados, resume lo que sienten los vecinos: “La verdad es que mucho no cambió. En la parte legal podemos decir que un poco mejoró porque todos los peritos iban a favor nuestro: la culpa es la constructora”.

Los vecinos repiten lo mismo que el Gobierno de la Ciudad les “soltó la mano”. Y afirman: “Nadie contesta nada. Es tristísimo. Cerraron las puertas de nuestra vivienda y nadie se hace cargo de volvernos a abrir para ingresar y ver cómo están nuestras casas. Tratamos de mantenernos como podemos. No están haciendo nada por nosotros y volvemos a estar solos, no tenemos acompañamiento y estamos luchando como podemos”.
“No pudimos ingresar nunca más a nuestras casas desde junio, por lo cual te imaginarás en el estado en el que deben estar sin mantenimiento, sin poder limpiarlas. No se hizo ningún tipo de apuntalamiento nuevo. Hay una pasarela provisoria que se hizo en su momento, pero tiene un desgaste total”, remarcó Ingrid.

Además, denunció que la constructora sigue operando en la zona de Caballito bajo el nombre “Equipo 6C”. “Van enmascarándose con diferentes nombres, con diferentes sociedades y ellos siguen trabajando mientras nosotros dependemos de su buena voluntad para renovar un alquiler, para retomar nuestras vidas y para, sobre todo, que nos restituyan nuestras casas”, señaló.
La causa judicial
Silvia, hija de Nélida Acuña, no usa la palabra “tragedia”. “Se cumple un año de lo que yo llamo ni tragedia, ni fatalidad, sino un crimen con connivencia. El Gobierno de la Ciudad desde junio no nos deja entrar. Puedo entender que ese socavón está destruyendo cada vez más nuestras propiedades. Pero si sabían que era peligroso, ¿por qué no aseguraron la zona? Todas las promesas que hicieron Jorge Macri y la vicejefa Muzzio quedaron en la nada. Nos fueron delegando a distintas personas sin solución alguna”, considera.
Consultadas por Clarín, desde el Gobierno porteño explicaron que “desde la Ciudad se viene haciendo todo lo posible para poder resolver las cuestiones pendientes”. Afirmaron que, desde la Secretaría de Seguridad, a cargo de Ezequiel Daglio, y la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Atención a la Víctima, del Ministerio de Seguridad, están en comunicación con los vecinos para trabajar en soluciones a las necesidades. Agregaron que se gestionaron subsidios y se medió con la constructora para el pago de alquileres.

Agregaron que, a fines de febrero de 2024, se otorgó un subsidio excepcional para cubrir una primera tanda de necesidades básicas, como ropa, útiles y uniformes escolares, hasta tanto pudieran ingresar a sus propiedades. Y que el apuntalamiento para permitir el ingreso de los vecinos durante tres meses lo hizo la Guardia de Auxilio.
Las mismas fuentes señalaron que en la actualidad “ni la estructura ni el terreno son garantía de estabilidad. Por eso están clausuradas la obra y la propiedad”. Y remarcaron que “hay un expediente judicial que investiga las razones del derrumbe para establecer responsabilidades, ya que se trata de un tema entre privados (vecinos y empresa constructora) y que define las medidas a tomar”.
“Se habla de conflicto entre privados, lo cual es absolutamente erróneo, porque el desastre lo armaron entre la empresa constructora y la corrupción con los inspectores. Me gustaría saber el nombre de cada inspector que fue y no paró la obra. Estoy devastada. El Gobierno de la Ciudad cada vez que se presentó dijo que estaba ‘a disposición. Pero esas fueron solo palabras vacías. No se traducen en hechos”, sostuvo la hija de Nélida.

Tania, otra de las damnificadas, comparte una sensación similar y asegura que les costó mucho volver a empezar y arrancar de cero de un día para el otro. “Mi hija de 18 años me dijo: ‘Es como estar de vacaciones, pero no poder volver nunca a tu casa’. No pudimos entrar más por nuestras cosas. Pasamos y vemos todo clausurado, abandonado. Todo fue quedando en el olvido”, señala.
En cuanto al juicio, Clarín pudo saber que lo último que se hizo fue a mediados de diciembre, cuando se citó a indagatoria a los imputados. Las audiencias se realizaron el 20 de diciembre. Con respecto a las pericias, el resultado respaldó la hipótesis de la fiscalía, en cuanto a que hubo irregularidades varias y negligencia. La imputación de 7 personas es por estrago culposo. Y aún resta indagar a un imputado, el arquitecto, que está citado para febrero”, informaron fuentes judiciales.