
La Corte Suprema de Justicia de la Nación implementó este jueves las subastas electrónicas judiciales de bienes muebles e inmuebles a partir del 1° de octubre para todos los tribunales nacionales y federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un intento por terminar con la cartelización de los remates presenciales.
En esos procesos funcionaba hasta hace algunos años atrás un grupo llamado “La Liga” o “Mafia de los Inmuebles” que se encargaba de boicotear los precios de las subastas hasta bajarlos al mínimo de precio.
El caso más polémico fue en noviembre de 2010 cuando salió a remate el lujoso petit hotel de la ex secretaria de Medio Ambiente de Carlos Menem, María Julia Alsogaray, que había sido condenada por enriquecimiento ilícito y obligada a devolver lo robado al Estado. El inmueble fue vendido una subasta presencial al precio de casi un millón de dólares a un testaferro de “La Liga” y meses después vendido en 3 millones de dólares.
Meses después, la Corte dispuso intervenir la oficina de subastas del Poder Judicial y mudó sus oficinas a un nuevo edificio, ubicado a pocas cuadras del Shopping Abasto. Allí, en cinco modernas salas se filmaba y controlaban las actividades para terminar con las maniobras que desde hace años rodeaban estas operaciones, pero esto grupos mafiosos siguieron actuando.
Ahora hay muchas subastas de bienes decomisados a narcotraficantes y en el futuro pasará los mismo con varios de los condenados en la causa Vialidad que se declaren insolventes y no quieren resarcir al estado con unos 500 millones de dólares.
En un comunicado, la Corte informó este jueves que este proceso electrónico “permitirá agilizar y transparentar los procesos de venta de bienes en el ámbito judicial y que entrará en vigencia el 1° de octubre”.
La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en el marco de un acuerdo de cooperación que fue firmado el año pasado con la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. El máximo tribunal provincial cedió, de manera gratuita e intransferible, el uso de un software para la implementación del sistema de subastas judiciales por medios electrónicos que funciona en el poder judicial bonaerense desde 2015.
La decisión de implementar las subastas electrónicas permitirá dotar a los jueces de una herramienta más eficaz para “la realización de los bienes” que son objeto de medidas judiciales.
Las subastas judiciales son un mecanismo legal mediante el cual se venden bienes (muebles o inmuebles) que son parte de un litigio judicial. El objetivo es obtener fondos para satisfacer deudas o cumplir con sentencias judiciales. Tradicionalmente, estas subastas se realizaban de forma presencial, lo que a menudo limitaba la participación y generaba desafíos logísticos y de transparencia.
A partir del 1 de octubre, se pondrá en vigencia un sistema de subastas completamente electrónico a través del “Portal de Subastas Electrónicas Judiciales”, que funcionará en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este portal será el punto central para la realización de los remates, que incluirá información de acceso público y permitirá el seguimiento en tiempo real de los procesos.
“Este procedimiento representa un cambio trascendente en el modo de sustanciar las subastas judiciales, en tanto permite la ágil realización de los bienes; asegura el anonimato de los postores; habilita una más amplia participación del público interesado y garantiza el control ciudadano –destaca la resolución-. El procedimiento electrónico exime de la presencialidad en el acto de subasta, facilita la concurrencia desde cualquier punto del país y posibilita la celebración de las subastas de manera simultánea y continua”.
La Corte estableció que “la utilización de este sistema resultará obligatoria para todos los tribunales nacionales y federales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y encomendó a los titulares del Centro de Asistencia Judicial Federal y de la Dirección de Sistemas, que adopten las medidas necesarias para la puesta en funcionamiento.
Para participar como oferente, los interesados deberán empadronarse en un “Registro General de Subastas Electrónicas Judiciales” y luego inscribirse en cada subasta específica en la que deseen intervenir. El sistema garantiza el anonimato de los postores y ofrece un procedimiento de entrecruzamiento de datos automático al que solo tiene acceso la autoridad judicial.
El proceso de subasta se llevará a cabo durante diez días hábiles, con la posibilidad de extensión si se realizan nuevas ofertas en los últimos minutos. Al finalizar, el vencedor será notificado por correo electrónico y el monto de la venta se comunicará a todos los postores.
La Corte Suprema fundamentó esta decisión en la necesidad de fortalecer institucionalmente el Poder Judicial y aprovechar las tecnologías electrónicas y digitales. Entre las principales razones esgrimidas se destacan:
-Agilidad en la realización de bienes: el nuevo sistema permite una ejecución más rápida de los bienes subastados.
-Mayor participación y alcance: al eliminar la necesidad de presencialidad, se facilita la concurrencia desde cualquier punto del país, ampliando la participación del público interesado.
-Anonimato y transparencia: se asegura el anonimato de los postores, lo que contribuye a un proceso más justo. Además, la visualización online y en tiempo real del procedimiento de subastas otorga seguridad y transparencia en el servicio de justicia.
-Eficiencia operativa: el procedimiento electrónico permite la celebración de subastas de manera simultánea y continua.
La implementación de esta nueva herramienta en el ámbito del Poder Judicial de la Nación “forma parte de un plan de gestión en donde se inscribe la creación del portal Justicia.ar y el lanzamiento de un directorio que nuclea los sistemas digitales para la consulta pública de causas judiciales de todo el país#. Allí también se alistan la futura inauguración del Museo de la Corte Suprema, la mudanza del área de archivo y los acondicionamientos en la Biblioteca del Poder Judicial, así como la decisión del máximo tribunal de asumir la defensa directa de sus intereses en sede judicial a través de su Dirección de Asuntos Contenciosos, se informó.