La construcción volvió a reclamar, como ya es moneda corriente en los últimos meses, que el Gobierno acelere las privatizaciones de rutas, trenes y ampliaciones de redes de energía para que se reactive el sector, con un Estado nacional decidido a no hacer más obra pública.

Fue el día en el que la Secretaría de Transporte convocó a la primera licitación para 741 kilómetros de corredores viales de las rutas 12, 14 y aledañas entre Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. El repago de las obras, para las que se estiman necesidades de al menos 100 millones de dólares cada una en mantenimiento, se hará con el cobro de peajes a los usuarios.

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarca), hizo un discurso medido en la apertura de la Convención anual, en La Rural. No obstante, volvió a pasar el mensaje que todas las empresas quieren remarcar esta semana: la necesidad de infraestructura.

“Cada obra es una pieza fundamental en el desarrollo nacional. La infraestructura no es un concepto abstracto, sino el cimiento esencial de una sociedad moderna y justa. Sin conectividad no hay productividad. Sin inversión sostenida, no hay crecimiento”, expresó.

Weiss también se refirió a los desafíos estructurales que enfrenta el país: la baja inversión en infraestructura, los cuellos de botella logísticos, la falta de conectividad digital y los déficits en energía. A modo de ejemplo, señaló que más del 90% de la carga en Argentina se transporta por camión, lo que encarece la producción y limita la competitividad.

Un año después de que el sector enfrentara al Gobierno por la caída en la actividad durante los primeros meses de la nueva administración, que generó una pérdida de 120.000 empleos, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se excusaron de venir por “problemas de agenda”.

En cambio, el Gobierno mandó para el cierre del evento al secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, un cordobés que llegó de la mano del gobernador Juan Schiaretti y que resistió la furia de Milei cuando se cayó la Ley Bases en enero 2024 por la disidencia de la diputada Alejandra Vigo, esposa de Schiaretti.

En una rueda de prensa, el presidente de la Cámara recordó su preocupación porque el costo de la construcción se duplicó en un año, de 700 a 1.400 dólares por metro cuadrado, dada la inflación y la baja del dólar.

Además, señaló que es inviable que los privados agarren el 75% de las rutas, ya que no podrían cobrar un peaje accesible para repagar las obras. Ahí es donde se debería encargar el Estado, y la provincialización de rutas viene demorada.

Más picante y enérgico que Weiss fue Rubén Pronotti, secretario de Organización y Asuntos Gremiales General de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), quien reclamó coordinación de las constructoras, los fabricantes de insumos y el gremio para hacerle entender al Gobierno la necesidad de obras.

En ese sentido, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, volvió a prometer y garantizar que se construirá la línea F de subte, aunque posiblemente su plazo exceda su período de gestión.



Fuente Clarin.com

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