El 13 de septiembre de 2017 renunció a la Vicepresidencia de Uruguay Raúl Sendic, hijo de uno de los fundadores del MLN Tupamaros. En su lugar asumió la senadora Lucía Topolansky, esposa del ejemplar ex presidente Pepe Mujica recientemente fallecido.
Es interesante observar tres cuestiones: cual fue la causa por la que debió renunciar Sendic, el comportamiento de la fuerza política a la que pertenecía frente a las circunstancias que lo llevaron a dimitir y la reacción de la mayoría de la ciudadanía uruguaya ante estos episodios.
Entre 2008 y 2013 Sendic se desempeñó como presidente de ANCAP, la empresa energética estatal uruguaya. En 2014 integró la fórmula frenteamplista, junto al candidato presidencial Tabaré Vazquez, que se impuso en balotaje con el 53% de los votos.
En junio de 2017 Sendic es acusado por la utilización de una tarjeta corporativa para solventar gastos personales durante su desempeño en ANCAP. El Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio condenó a Sendic por “inconducta ética y política” en julio y el vicepresidente presentó su renuncia. El uso indebido de fondos públicos, por el que fue acusado y condenado, ascendía a la suma de U$S 38.000 y 550.000 pesos uruguayos en un lapso de tres años. La denuncia contra Sendic data de 2017, siendo condenado en 2018.
Por último cabe consignar que encuestas de la época señalaban que 69 % de la ciudadanía uruguaya entendía que el entonces vicepresidente debía renunciar, entre ellos el 45% de los votantes frenteamplistas.
El contraste entre Uruguay y nuestro país es notable. Aquí CFK fue condenada en tres instancias en una causa iniciada en 2008. La friolera de 17 años entre la denuncia inicial y la sentencia final demuestran la lentitud con la que nuestra Justicia actúa, sobre todo cuando los/as imputados/as son personas vinculadas al poder de turno.
También es contrastante la actitud de las fuerzas políticas a las que pertenecen los condenados, mientras el Frente Amplio responsabiliza a Sendic por “un modo de proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos”, el Partido Justicialista, cuya presidenta es CFK, define al fallo de la Corte como “un acto político de carácter antidemocrático” que “daña profundamente la credibilidad de las instituciones argentinas”.
Para el PJ cuando las instituciones de la democracia se pronuncian en su contra tienen carácter antidemocrático y dañan su credibilidad. El mundo del revés, según la lectura del PJ las instituciones no son dañadas por los hechos de corrupción que se perpetran desde el poder sino por la condena institucional de los mismos.
Sin embargo el pronunciamiento del PJ no es todo, también se llamó a una movilización en defensa de la ex presidenta, denunciando una supuesta proscripción, que contó con la participación de más de doscientas mil personas, mientras algunas encuestas post fallo marcan un ascenso en la imagen positiva de la ex presidenta y un percepción de inocencia del 82 % entre sus votantes.
Por último la magnitud de la malversación de fondos públicos por la que fue condenada CFK es extraordinaria: 84.000 millones de pesos calculados a diciembre de 2022, por lo que deberían actualizarse hasta la fecha de la ejecución. Este importe no incluye la causa Hotesur ni “cuadernos” que aún están en trámite.
Llegados a este punto conviene preguntarse cuáles son las razones del comportamiento tan diferente entre las instituciones, los partidos políticos y la dirigencia uruguaya en relación con la argentina.
La respuesta, desde mi punto de vista, es que la sociedad uruguaya castiga con su voto a quienes delinquen desde el Estado y buena parte de la sociedad argentina no lo hace.
Desde el “todos roban” hasta el “roban pero hacen” son formas populares de exculpar a quienes administran fraudulentamente el erario público y, en mucho casos, premiarlos con su voto.
Hasta que no exista un auténtico repudio a la corrupción sistémica que se exprese en las urnas seguiremos transitando el camino de la degradación de la democracia. La incredulidad en las instituciones y el respaldo a liderazgos autocráticos sólo agravarán la situación.
En definitiva, quienes defendemos la democracia no tenemos necesidad de observar con cierta envidia a los países nórdicos, basta con girar nuestras cabezas, mirar e imitar la conducta cívica de nuestros hermanos uruguayos.
Rodolfo Rodil fue vicepresidente de la Cámara de Diputados.