El Gobierno de Javier Milei avanza en la disolución de Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que serán unificados en un solo organismo, e inició un proceso de reorganización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). La movida genera protestas en todo el país de trabajadores de las entidades descentralizadas.
Se espera que la decisión sea comunicada en las próximas horas en el Boletín Oficial, debido a la cuenta regresiva de las facultades delegadas por el Congreso Nacional para aplicar la Ley Bases, que vence el miércoles 9 de julio.
“Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte”, es el nombre que llevará el nuevo organismo, que pasará a depender del Ministerio de Economía, y que será la Autoridad de Aplicación de las concesiones viales.
Una vez más, el Ejecutivo argumenta la decisión en mejorar el funcionamiento del Estado Nacional y reducir la estructura del Estado.
Un borrador del decreto, de inminente publicación, trascendió en las últimas horas y despertó las alarmas de los gremios de vialidad.
Entre algunos de los aspectos del nuevo organismo, trascendió el escrito que establece que se encargará de “fiscalizar el cumplimiento de los contratos de concesión, acuerdos de operación y permisos de explotación de los servicios públicos de transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional, en lo que respecta a las obligaciones contractuales, técnicas y operativas, pudiendo realizar inspecciones in situ y solicitar a los operadores y concesionarios la información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus funciones”.
Además de fiscalizar contratos de concesión vial y procesos licitatorios, junto con el control de servicios públicos de transporte terrestre de jurisdicción nacional, entre otros aspectos.
Por este motivo, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) repudió la intención del Gobierno, que aseguran apuntan solo al desmantelamiento de los organismos.
Entre los fundamentos del decreto, el texto remarca que el Gobierno podrá disponer sobre “funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos”.
Por este motivo, este lunes se realizan protestas en distintos puntos del país y los trabajadores se movilizaron hasta el edificio central del organismo en la ciudad de Buenos Aires.
La semana pasada, FEPEVINA realizó una jornada de protesta “en defensa de la soberanía, del rol estratégico del Estado y del trabajo digno”, y en rechazó la intención de la gestión libertaria de “cerrar organismos, entregar rutas, vaciar el Estado y criminalizar la protesta”.