El polémico juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, no se presentó a la audiencia estipulada para hoy en los términos del artículo 20 del reglamento ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación para defenderse de los cargos de los que se le acusa, entre ellos supuestos vínculos con un contador de narcotraficantes.
En cambio, el magistrado decidió presentar un escrito en su defensa en el marco del expediente 129/2024 que podría terminar en un juicio político ante la acusación que presentó el diputado del PRO y miembro del Consejo Alvaro Gonzalez.
Luego de la audiencia, la comisión de Acusación convocó a una nueva reunión de la Comisión para el jueves 19 del corriente a las 10.30 a fin de votar si se le abre un expediente para iniciarle un jury.
En esa reunión del 19, se aprobaría el jury y se sometería luego al plenario del Consejo de la Magistratura.
Bailaque presentó la última semana su renuncia al cargo pidiendo que se haga efectiva a partir del 1 de julio.
Pero la decisión de aceptarla o no está en manos del Poder Ejecutivo. En caso de rechazarla, el juez continuará bajo investigación de la Comisión de Acusación que deberá seguir el trámite disciplinario hasta llegar al Jury de Enjuiciamiento. Si el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, rechaza la renuncia y el juez es destituido perdería su jubilación de privilegio.
El juez de Garantías de Rosario Eduardo Rodrigues Da Cruz dispuso la prisión preventiva de Bailaque pero no se hizo efectiva porque tiene fueros. Recién se concretará si se le acepta la renuncia o si el Consejo de la Magistratura le retira los fueros.
Los 3 cargos imputados al juez Bailaque en el dictamen de los consejeros Álvaro González y Alberto Maques son la relación entre Bailaque, el contador Gabriel Mizzau y el narco Esteban Alvarado, su entorno y su entramado societario.
Otro es la coordinación entre Bailaque, el financista Fernando Whpei y el ex titular de la AFIP de Santa Fe Carlos Vaudagna para perjudicar a al empresario Iglesia a través de la creación de una falsa causa penal cuando estaba por ser ascendido al directorio de San Cristóbal Seguro.
Y la tercera es la relación de amistad entre Whpei y Bailaque que habría afectado la imparcialidad de Bailaque que benefició a la financiera del primero, otro con prisión preventiva en la causa.
La acusación recuerda que los fiscales señalaron que, entre los años 2013 y 2015, Bailaque “obstaculizó la investigación penal, al no autorizar medidas de prueba cruciales para investigar al referido Alvarado, en el ámbito de la Justicia Federal”, en base a una denuncia original de la diputada socialista Lionella Cattalini.