El INTA cambió su estructura institucional, la que regía desde su creación en 1956. Después de los anticipos que hizo el Gobierno durante meses, este lunes se anunció, el martes se publicó el decreto 462 en el Boletín Oficial y el jueves, con otro decreto, el 466, su presidente, Nicolás Bronzovich, fue designado para reasumir inmediatamente, con un poder de decisión ampliado en profundidad.
La reestructuración institucional que se implementó en el último día de vigencia de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por parte del Congreso, incluyó otros 4 organismos vinculados al agro: el Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV) que también perdió su autarquía, y el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), y la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME), que fueron disueltos.
En el caso del INASE, que tenía 233 agentes, y un presupuesto anual aproximado de $20.000 millones, se reemplazaría por alguna dependencia en la Secretaría de Agricultura, que ahora tendrá a cargo directamente la totalidad de las competencias en los temas sobre semillas.
Ahora, Bronzovich conducirá el organismo sin director nacional, y liderando un consejo técnico de otros siete miembros que serán designados por él, tres directamente (la primera es María Beatríz “Pilu” Giraudo, que era vicepresidenta y ahora es consejera técnica ad honorem) y cuatro a propuesta de “las entidades agropecuarias”. Hasta ahora había un consejo de 10 miembros, entre los cuales 7 votos representaban a entidades agropecuarias y a las facultades de Agronomía y Veterinaria.
El poder del presidente pasa a ser plenipotenciario, ya que podrá desempatar en caso de empate, por lo cual sumando su voto y los de los tres que designará la Secretaría de Agricultura, se asegura que aunque los 4 representantes de las entidades opinen lo contrario se produciría un empate, y el presidente tendrá doble voto para desempatar.
Se estipuló que más allá de los mecanismos de elección de los nombres, que definirá una próxima reglamentación, “los miembros del Consejo Técnico deberán tener reconocida versación y notoria experiencia en materia agropecuaria y poseer, al menos cuatro de ellos, título de grado universitario. Durarán cuatro años en sus funciones, con posibilidad de ser reelegidos”.
Además, “el Consejo Técnico se renovará por mitades en cada bienio, a cuyo efecto se seleccionará por sorteo los que deban salir en el primer período. Para alcanzar el quórum para sesionar, el Consejo Técnico requerirá de la presencia del Presidente y de al menos cuatro miembros. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos de los presentes”.
El INTA mantendrá el nombre creado en 1956 y, tras eliminar su condición de órgano autárquico, en el reformulado artículo 1° de su normativa fundacional, se mantiene el sentido de la Ley 21.680: “para impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias en todo el territorio nacional y acelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales de la tecnificación y el mejoramiento de la industria agropecuaria y de la vida rural”.
Uno de los cambios estructurales será que el INTA (con su presidente con el poder de decisión referido) determinará los Centros de Investigación, Centros Regionales, Estaciones Experimentales, Institutos de Investigación y Laboratorios necesarios para el cumplimiento de sus funciones”. Hasta ahora, el organismo autárquico estaba facultado para crea, ampliar y realizar obras, trabajos y demás servicios necesarios”.
En el decreto de este martes no se detallaron las reducciones de personal anunciadas y se indicó que hasta tanto se instrumenten las medidas reglamentarias todo el personal mantendrá sus condiciones.
Tras los cambios, la Mesa de Enlace expresó su “incertidumbre y preocupación”. Las 4 entidades (FAA, SRA, Coninagro y CRA) pidieron “instituciones sólidas y marcos estables que faciliten e impulsen el desarrollo productivo”. En el caso particular del INTA, indicaron que, como representantes de los productores, esperan ser convocados para analizar el esquema que se propone y evaluar sus implicancias.
“Somos plenamente conscientes de que este organismo necesita modernizarse, potenciando sus recursos humanos y consolidándose como motor de investigación, desarrollo y extensión rural en la Argentina, y en este sentido hemos transitado todo este tiempo haciendo nuestros aportes”, expresaron.
En disenso explícito con la ideología oficialista, afirmaron que “en un país históricamente vulnerable a las modificaciones impulsadas por los sucesivos gobiernos, estamos convencidos de que los organismos oficiales y las instituciones público-privadas deben contar con un funcionamiento autónomo y estable, para evitar alteraciones que afecten procesos, metodologías y la toma de decisiones”.
Consideraron que esto es esencial para “brindar previsibilidad a las fuerzas económicas y contribuir al fortalecimiento de toda la sociedad”.
Y subrayaron que “desde el campo creemos firmemente en la necesidad de reglas claras, instituciones sólidas y marcos estables que faciliten e impulsen el desarrollo productivo y agroindustrial mediante la innovación, arraigo y extensionismo rural para el bien de toda la sociedad”.