La Casa Blanca de Trump presentó una apelación contra la sentencia que anuló su política de aranceles, el miércoles a la noche, minutos después de su emisión. El poderoso subjefe de gabinete, Stephen Miller, reaccionó al fallo del tribunal federal denunciando un “golpe judicial fuera de control.
En un sorpresivo fallo, un tribunal con sede en Manhattan bloqueó la entrada en vigor de los amplios aranceles de Trump a las importaciones globales, un duro golpe a un pilar integral de su plan de crecimiento económico.
The judicial coup is out of control. https://t.co/PRRZ1zU6lI
— Stephen Miller (@StephenM) May 28, 2025
El fallo supuso un rechazo categórico a los fundamentos legales de algunas de las acciones más emblemáticas y controvertidas de Trump durante su segundo mandato de cuatro meses. El gobierno presentó rápidamente un recurso de apelación —y es casi seguro que la Corte Suprema tendrá que dar una respuesta definitiva—, pero supone un severo revés para la Casa Blanca.
Por ahora, Trump podría no contar con la amenaza de impuestos a la importación para imponer su voluntad sobre la economía mundial como pretendía, ya que hacerlo requeriría la aprobación del Congreso.
Trump aún podría implementar temporalmente impuestos a la importación del 15 % durante 150 días a los países con los que Estados Unidos mantiene un déficit comercial sustancial. El fallo señala que un presidente tiene esta facultad en virtud del Artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974.
El fallo de un panel de tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Nueva York, se produjo tras varias demandas que argumentaban que los aranceles del “Día de la Liberación” de Trump excedían su autoridad y dejaban la política comercial del país a su antojo.
Trump ha afirmado repetidamente que los aranceles obligarían a los fabricantes a traer empleos fabriles de vuelta a Estados Unidos y a generar suficientes ingresos para reducir el déficit presupuestario federal. Utilizó los aranceles como garrote negociador con la esperanza de obligar a otros países a negociar acuerdos que favorecieran a Estados Unidos, sugiriendo que él mismo establecería las tarifas si las condiciones no le resultaban satisfactorias.
El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo que los déficits comerciales constituyen una emergencia nacional “que ha diezmado las comunidades estadounidenses, ha dejado atrás a nuestros trabajadores y ha debilitado nuestra base industrial de defensa, hechos que el tribunal no cuestionó”.
El caso fue visto por tres jueces: Timothy Reif, nombrado por Trump; Jane Restani, nombrada por el presidente Ronald Reagan; y Gary Katzman, designado por el presidente Barack Obama.
“Las Órdenes Arancelarias Mundiales y Represaliativas exceden cualquier autoridad otorgada al Presidente por la IEEPA para regular la importación mediante aranceles”, escribió el tribunal, en referencia a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977.
El fallo mantuvo vigentes los aranceles que Trump impuso utilizando sus facultades bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Impuso un impuesto del 25 % a la mayoría de los automóviles y repuestos importados, así como a todo el acero y el aluminio de fabricación extranjera. Estos aranceles dependen de una investigación del Departamento de Comercio que revele riesgos para la seguridad nacional de los productos importados.
Con información de Associated Press