Con la exposición del fiscal general Mario Villar, comenzó la audiencia ante los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal donde se analizará el arresto domiciliario concedido a Cristina Kirchner. Además, hay dos planteos que sostiene el abogado defensor, Carlos Beraldi: retirarle la tobillera electrónica a la ex presidenta y eliminar las restricciones respecto a las visitas que pueda recibir en San José 1111, donde cumple la condena por hechos de corrupción. A diferencia de lo que había pedido su colega Diego Luciani, Villar sostuvo que la expresidenta puede permanecer con la morigeración de la pena, pero requirió cambio de domicilio.

En su apelación, los fiscales Luciani y Sergio Mola habían insistido con el pedido de traslado de Cristina Kirchner a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal para cumplir la pena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

Uno de sus argumentos centrales es que no estaban dadas las condiciones humanitarias para otorgar la morigeración de la pena a la ex presidenta.

Al momento de sostener el reclamo el fiscal general, Mario Villar, lo avaló parcialmente. Ante la Sala IV de la Casación Federal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, no pidió que Cristina Kirchner cumpla la condena del caso Vialidad en una cárcel común.

“Asistía razón a los Fiscales de instancia sobre el punto y que debió ser dispuesto el ingreso de la condenada a un establecimiento penitenciario pues no había elementos para excepcionar la solución establecida como regla en el ordenamiento jurídico”, fue lo primero que planteó Villar.

Sin embargo, expresó a continuación, “en el momento actual, la condenada ya se encuentra gozando del beneficio de la prisión domiciliaria sin que hasta el momento se haya verificado incumplimiento alguno de las reglas de conducta impuestas (por lo menos el Tribunal no ha dado cuenta de ello)”.

En función de esto, Villar entiende que “por no haberse quebrantado las condiciones del beneficio, no parece pertinente retrotraer la situación de la ejecución de la pena a una más gravosa que la actual”.

De modo que en este estadio de la ejecución de la condena, resaltó el fiscal, “solo la propia conducta, activa u omisiva, de la agente, o de otras personas coordinadamente con ella, podría llevar a tal retroceso”.

Pero Villar entiende que es necesario un cambio de domicilio para que Cristina continúe gozando del beneficio del arresto domiciliario. Si los jueces coincidieran con él, será el abogado Carlos Beraldi quien deberá proponer nuevos inmuebles al juez Jorge Gorini que ejecuta la pena.

Villar también se pronunció sobre la tobillera electrónica colocada por orden del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que Beraldi exige sea retirada bajo el entendimiento de que no es necesaria porque la ex mandataria tiene custodia permanente.

El fiscal recordó que el artículo 32 de la Ley 24.660 indica que “al implementar la concesión de la prisión domiciliaria se exigirá un dispositivo electrónico de control, el cual sólo podrá ser dispensado por decisión judicial, previo informe favorable de los órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución”.

Atento a que ese informe “no se ha producido, no se puede excepcionar de la medida de control electrónico a la condenada”.

Otro punto de discusión se concentra en las visitas que puede recibir la ex mandataria. El TOF 2 impuso reglas de comportamiento que ella debe cumplir y que serán evaluadas trimestralmente, entre ellas restricciones sobre las personas que puedan ingresar al departamento.

En ese sentido el Tribunal exigió un listado en el cual Cristina debía consignar abogados, familiares, médicos y custodios. Cuando el abogado entregó ese detalle en Comodoro Py, incorporó apoderados y contadores.

Toda persona por fuera de ese listado debe requerir la autorización del juez Gorini para ver a Cristina. El ejemplo más reciente fue la visita del presidente de Brasil, Luiz Lula Da Silva, que pudo reunirse con la ex Jefa de Estado después de que la defensa solicitó el permiso correspondiente al Tribunal.

Cristina Kirchner había escrito en sus redes sociales que era una persona con “vida social” y que eso no podía quedar cercenado a la autorización del Tribunal. En Comodoro Py prima otro concepto: que no se desnaturalice la prisión domiciliaria, que se ordenó en cumplimiento de una condena por corrupción.

Este lunes, el fiscal Villar señaló que hasta ahora “no se ha rechazado ninguna visita, no hay agravio. La confección de una lista no afecta ningún derecho, al contrario: es parte del deber del juez de controlar la ejecución de sentencia. El agravio es prematuro y no habilita la intervención del tribunal de Casación”, sostuvo.



Fuente Clarin.com

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