El fiscal general Abel Córdoba pidió este martes que Lázaro Báez regrese a la cárcel para cumplir la condena por lavado de dinero que la Corte Suprema de Justicia dejó firme en la Ruta del Dinero K. El mismo criterio aplicó para el abogado Jorge Chueco y el contador, Daniel Pérez Gadín. En tanto que requirió para Martín Báez requirió la libertad condicional.
“Habiendo quedado firme la condena dictada contra Lázaro Antonio Báez; Jorge Oscar Chueco y Daniel Rodolfo Pérez Gadín, culminado el trámite del cómputo practicado en relación a los nombrados, solicito se ordenen sus capturas y consecuente alojamiento en una unidad del Servicio Penitenciario Federal“, sostiene el dictamen del fiscal al que accedió Clarín.
Lázaro Báez se encuentra con una morigeración de la prisión preventiva desde 2020. Primero estuvo bajo arresto domiciliario en una propiedad con pileta y jardín en el Gran Buenos Aires, y el año pasado fue trasladado a Santa Cruz, donde continúa bajo la misma modalidad.
El arresto domiciliario con el que fue beneficiado el dueño de Austral Construcciones incluye el monitoreo con una tobillera electrónica. Ahora, el fiscal general pidió que se le ponga punto final a dicha condición y que Báez regrese al penal federal.
Fue el 6 de abril de 2016 cuando el ex socio comercial de Cristina Kirchner quedó detenido por la Ruta del Dinero K, y abandonó la cárcel de Ezeiza en 2020.
Al analizar la situación del mayor de los hijos de Lázaro Báez, el fiscal general, aplicó otro criterio: “Habiendo quedado firme la condena dictada contra Martín Antonio Báez, y siendo que oportunamente se le concedió la excarcelación, solicito se convierta la misma en libertad condicional”.
El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que sentenció al mayor de los hijos varones de Lázaro a ocho años de prisión, firmó su excarcelación en junio de 2023. El accionista minoritario de Austral Construcciones permanece privado de su libertad desde el 7 de febrero de 2019 y cumplía el arresto domiciliario en la ciudad de Río Gallegos.
La pena se le redujo a seis años cuando la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia condenatoria y fue esa la pena que la semana pasada revalidó la Corte Suprema al rechazar los recursos de queja que se oponían al doble conforme del fallo.
Ante este escenario, el presidente del TOF 4, Néstor Costabel, comenzó a fijar la ejecución de la pena para cada uno de los involucrados en la estructura criminal que se dedicó al lavado de activos entre 2010 y 2013.
Con el pedido del fiscal, previo a resolver, el magistrado correrá vista a las partes en este caso donde hay 22 personas condenadas para finalmente, determinar dónde cumplirá el empresario su condena a diez años de cárcel.
El eslabón central en las maniobras de blanqueo por 55 millones de dólares fue Austral Construcciones. La compleja organización contó con una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, “por medio de la cual se canalizaron, transfirieron, disimularon, ocultaron y se pusieron en circulación en el mercado, fondos procedentes de delitos”.
Primero, se expatriaron los fondos por transacciones en distintos bancos internacionales mayoritariamente, se trató de cuentas abiertas en Suiza. La etapa final del circuito incluyó una “repatriación por una operación bursátil con apariencia de legalidad (lavado de dinero), junto a otros activos que fueron detectados y decomisados”.
Para concretar la operatoria de adquisición de bonos para así, poder reintegrar el dinero de origen espurio al circuito legal -para darle apariencia de legalidad-, se utilizó a Austral Construcciones.
En ese parte del entramado de lavado se utilizó la financiera SGI -la “Rosadita”- que fue conocida por las imágenes en las que, entre whiskys y cigarros, Martín Báez y otros ex socios de Báez contaban cinco millones de dólares, según determinó la justicia. En las imágenes se observa a Fabián Rossi, el primero de los acusados en entregarse este lunes para hacer efectiva su condena.