La ley GENIUS (acrónimo para “Generative AI, Networking, Innovation, and Utility Stablecoin Act”) recientemente aprobada en EE.UU., representa un hito crucial que inaugura la era de la regulación de criptomonedas. Esta normativa sin precedentes, no solo establece un marco federal estricto para las stablecoins, sino que también abre la puerta a una profunda redefinición del futuro del dinero a nivel global.
Se trata de la innovación más trascendente en materia monetaria desde 1971, cuando el presidente Nixon puso fin a la convertibilidad del dólar en oro, cerrando el ciclo iniciado por Roosevelt en 1933. En lugar de ignorar la revolución cripto, EE.UU. ha optado por iniciar una regulación que redunda en su propio beneficio. La novedosa legislación requiere que las stablecoins, para operar legalmente en EE.UU., estén respaldadas 1:1 por dólares estadounidenses o activos de alta liquidez y bajo riesgo, como los bonos del Tesoro a corto plazo.
Esta exigencia tiene un objetivo estratégico claro: generar una demanda masiva y permanente de dólares y, sobre todo, de bonos del Tesoro. A medida que la adopción global de stablecoins se difunda, esta demanda podría superar el billón de dólares para 2030, fortaleciendo aún más el estatus del dólar como la principal moneda de reserva mundial.
Al promover las stablecoins respaldadas por el dólar, EE.UU. se posiciona estratégicamente confrontando abiertamente con otras iniciativas, como las monedas digitales de bancos centrales (CBDCs) que están siendo desarrolladas e impulsadas principalmente por China.
Las diferencias entre una stablecoin y una CBDC radican en su origen, control, naturaleza legal y propósito. Aunque ambas buscan ofrecer estabilidad y difusión a una moneda fiduciaria en un formato digital, lo hacen desde perspectivas completamente opuestas.
Mientras las stablecoins fomentan un sistema descentralizado y de mercado, las CBDCs promueven un modelo de control centralizado, lo que representa una confrontación ideológica y económica a gran escala. Muchos expertos financieros están convencidos de que la tokenización de activos —la representación de activos del mundo real en una cadena de bloques— es el instrumento financiero clave del futuro.
La ley GENIUS, al crear un marco regulatorio para el dinero digital allana el camino para que la tokenización se convierta en una práctica más simple y generalizada. Este desarrollo podría transformar radicalmente la forma en que se negocian los activos financieros a nivel global, haciendo que los mercados sean más eficientes, transparentes y accesibles.
Nuestro país, también ha inaugurado la era de la regulación digital: la Comisión Nacional de Valores (CNV), está diseñando un marco regulatorio particular para los criptoactivos. Su estrategia no es regular en un principio todas las criptomonedas, sino enfocarse en la tokenización de activos del mundo real (RWA) que, por su naturaleza, se asemejen a las opciones más tradicionales del mercado de capitales.
La CNV está desarrollando una estrategia incremental y prudente, utilizando el concepto del “sandbox regulatorio”, desarrollando un espacio de experimentación controlado que permite a las empresas probar nuevas tecnologías y modelos de negocios bajo la supervisión directa y permanente del regulador.
Así, la CNV se dedicará a digitalizar instrumentos financieros ya existentes, como: Fideicomisos Financieros y Fondos Comunes de Inversión Cerrados. La tokenización de estos activos procurará que sean más accesibles, líquidos y transparentes para los inversores. Al emitirlos en una blockchain, se podrán automatizar procesos, eliminar intermediarios e incrementar la trazabilidad de las transacciones.
Paralelamente, la Ley N° 27.739, promulgada en marzo de 2024, creó la figura de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs) y los define como Sujetos Obligados (SO) a reportar a la Unidad de Información Financiera (UIF). Los exchanges de criptomonedas, plataformas de custodia y otros servicios que operan con activos virtuales deben registrarse ante la UIF, implementar ri gurosos estándares de seguridad y custodia para proteger los fondos de los usuarios y cumplir con las normas de Prevención de Lavado de Activos (AML) y Financiamiento del Terrorismo (CFT).
Esto incluye la obligación de identificar a sus clientes (KYC – Know Your Customer) y reportar operaciones sospechosas. Este marco legal busca cubrir una brecha preocupante: la de la seguridad y control que tantos dolores de cabeza ha producido ultimamente.
Mientras la CNV se enfocará en la regulación de la oferta de valores negociables tokenizados, la UIF se centrará en la supervisión de los intermediarios que manejan las criptomonedas, asegurando que no se utilicen para actividades ilícitas.
En conclusión, tanto EE.UU. como China han comenzado a definir con firmeza las reglas del juego y los límites del futuro marco regulatorio del sistema financiero internacional en la era digital, cada uno respondiendo a sus propios intereses.
Si bien es positivo que Argentina haya comenzado a dar sus primeros pasos regulatorios, se necesita un rol más activo del Congreso Nacional y un mayor compromiso de la clase política para asegurar que el marco normativo argentino no solo se adapte a las nuevas realidades, sino que también refleje y proteja adecuadamente el interés nacional en esta era de las finanzas mundiales caracterizada por el vértigo de su transformación.
Héctor Gambarotta es economista.