El día que la Plaza de Mayo se tiñó de sangre

Aquel 16 de junio de 1955, Juan Domingo Perón llegó como todos los días muy temprano a la Casa Rosada. Comenzó su jornada recibiendo al director de la SIDE, general de brigada Carlos Benito Jáuregui. Las noticias que traía el jefe de los espías eran muy preocupantes, pero no estaban confirmadas.

Perón decidió continuar con su actividad diaria y estar alerta ante cualquier aviso. Recibió al embajador de los Estados Unidos y comenzó una cordial entrevista. A eso de las nueve de la mañana, fueron interrumpidos, intempestivamente, por el general Franklin Lucero, quien ingresó pidiendo disculpas con un marcado gesto de preocupación.

Perón sabía que estaba programado un desfile aéreo en desagravio a la bandera nacional y a la memoria del Libertador por los destrozos producidos en la Catedral, donde descansan sus restos.

Pero Lucero estaba en condiciones de confirmar las sospechas del director de la SIDE: ese desfile podía ser aprovechado para bombardear la Casa de Gobierno y a su principal ocupante. Y convenció al presidente de que se trasladara a su despacho en el Ministerio de Guerra, cruzando la avenida Paseo Colón.

Desde su nueva ubicación, a las 12.40 en punto, Perón pudo escuchar el sonido inconfundible de aviones de combate. Luego supo que eran los Avro Lincoln y Catalinas de la escuadrilla de patrulleros Espora de la Aviación Naval, coordinados por el almirante Samuel Toranzo Calderón y comandados por el capitán de navío Enrique Noriega.

Era un ruido inesperado, nuevo en la ciudad de Buenos Aires, que se estrenaba como la primera capital de Sudamérica en ser bombardeada desde el aire por sus propias fuerzas armadas, curiosamente por la Marina.

Los aviones atacantes llevaban pintadas en sus colas una “V” y una cruz, que señalaban “Cristo Vence”. Curiosamente, los golpistas tomaban la “V” de la victoria, usada como símbolo de la resistencia antinazi durante la Segunda Guerra Mundial.

En la Plaza, además de los apurados transeúntes, había algunas familias que se disponían a presenciar el desfile aéreo. Nunca imaginaron que la parada militar tuviera un carácter tan realista.

Las primeras bombas cayeron a pocos metros de la Pirámide. Sobre la Casa Rosada cayeron en total 29 bombas, de entre cincuenta y cien kilos cada una. Otra de ellas destrozó un trolebús repleto de pasajeros.

Al enterarse de los hechos, la CGT convocó a la Plaza a defender a Perón. El General trató de parar la movilización: desde su puesto de comando en el Ministerio de Guerra le ordenó al mayor Cialcetta que le pidiera a la CGT que no movilizara a los trabajadores para evitar víctimas, pero ya era demasiado tarde.

Perón tenía claro algo que los dirigentes cegetistas parecían no ver. Sabía que los atacantes, lejos de conmoverse por la barrera humana, dispararían criminalmente sobre la multitud sin la menor contemplación.

A la tarde eran cientos los descamisados reunidos para defender el gobierno en la histórica plaza, cuando una nueva oleada de aviones espantó a las desconcertadas palomas y arrojó su mortífera carga de nueve toneladas y media de explosivos sobre la multitud.

Uno de los tantos que fueron a la Plaza a parar el golpe era un chico de 15 años que por entonces vivía en Buenos Aires y se dedicaba a repartir soda. Volvió indignado a su casa porque en la CGT se negaron a entregarle un arma. Se llamaba Agustín Tosco, que con el tiempo se convertiría en un combativo líder sindical.

En la Plaza de Mayo y sus alrededores quedaron los cuerpos de 355 civiles muertos, y los hospitales colapsaron por los más de 600 heridos. Se había perpetrado el peor ataque terrorista de la historia argentina.

Entre los autores intelectuales del horror había varios civiles, unidos no precisamente por el amor sino por el espanto que estaban dispuestos a provocar.

Algunos de ellos eran el socialdemócrata Américo Ghioldi, el radical unionista Miguel Ángel Zavala Ortiz, el conservador Oscar Vichi y los nacionalistas católicos Mario Amadeo y Luis María de Pablo Pardo, miembros fantasmales de una hipotética junta de gobierno cívico-militar.

En el Ministerio de Marina, que había sido el cuartel general de los golpistas, uno de los líderes de aquella “revolución”, el vicealmirante de infantería Benjamín Gargiulo, decidió pegarse un tiro, mientras que otro de los conspiradores, el almirante Aníbal Olivieri, observaba por las ventanas cómo avanzaban sobre el edificio columnas de trabajadores enardecidos y decididos a vengar a sus compañeros asesinados.

El marino tomó el teléfono aterrado y llamó al ministro de Guerra, el general Lucero, y le dijo: “Intervenga. Mande hombres. Nos rendimos, pero evite que la muchedumbre armada y enfurecida penetre en el edificio del Ministerio”. Junto a Olivieri estaban sus colaboradores más cercanos, los tenientes Emilio Eduardo Massera y Horacio Mayorga, de triste futuro.

Otro almirante y responsable directo de la masacre de Plaza de Mayo, Samuel Toranzo Calderón, fue degradado y condenado a prisión por tiempo indeterminado.

Al almirante Olivieri se lo destituyó y condenó a un año y seis meses de “prisión menor”. Su defensor en el juicio fue el contralmirante Isaac Francisco Rojas. Otros once oficiales fueron condenados a reclusión por tiempo indeterminado.

Pero el tiempo estaba determinado y todos serían liberados, junto con sus cómplices, por la llamada “revolución libertadora”, que meses después derrocaría a Perón.

Tras concretar su masacre, 110 tripulantes, entre ellos varios civiles como Zavala Ortiz, llegaban a Montevideo a bordo de los 39 aviones con los cuales habían perpetrado la masacre.

Estos hombres, que habían demostrado su total desprecio por la vida humana ametrallando a columnas enteras de trabajadores, recordaron repentinamente en la Banda Oriental que existían los derechos humanos, particularmente el de asilo.

Perón habló esa noche por la cadena nacional de radio y televisión. En los pocos televisores que había en la Argentina se pudo ver a un Perón desencajado, dolido, que decía:

“Los que tiraron contra el pueblo no son ni han sido jamás soldados argentinos, porque los soldados argentinos no son traidores ni cobardes, y los que tiraron contra el pueblo son traidores y cobardes. La ley caerá inflexiblemente sobre ellos. Yo no he de dar un paso para atemperar su culpa ni para atemperar la pena que les ha de corresponder. […].

El pueblo no es el encargado de hacer justicia: debe confiar en mi palabra de soldado […]. Sepamos cumplir como pueblo civilizado y dejar que la ley castigue…”.

Esa misma noche del 16 de junio, grupos de peronistas, que veían detrás de la intentona el apoyo eclesiástico, quemaron las iglesias de Santo Domingo, San Francisco, San Nicolás de Bari, San Miguel Arcángel, la Piedad, la Merced, San Ignacio y la Curia metropolitana.

La comisión investigadora formada a pedido de Perón determinó que los incendios fueron provocados por tres grupos: el equipo principal constituido por 65 fanáticos que salieron del edificio central del Partido Peronista y se dirigieron a la Curia para comenzar la serie de incendios cuya responsabilidad fue atribuida al vicepresidente Teisaire.

El segundo grupo, organizado en el Ministerio de Salud Pública, que sacó de allí los implementos necesarios para ir a incendiar las iglesias de Santo Domingo, San Francisco y San Ignacio. El tercer piquete proveniente del Servicio de Informaciones, preparado para prender fuego las iglesias de San Nicolás y Nuestra Señora del Socorro.

Años más tarde, desde el exilio, reflexionaba el General: “El incendio de las iglesias, que se limitó a la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, neutralizó el efecto que la matanza de Plaza de Mayo habría tenido en la población. Sobre todo en los sectores medios, más influidos por la prédica opositora”.