El Consejo de la Magistratura comenzó a investigar a uno de sus ex hombres fuertes: se trata de Federico Vincent quien llegó a ser uno de los funcionarios más poderosos en el manejo del presupuesto y recursos del Poder Judicial de la Nación hasta que fue desplazado y sumariado por distintas irregularidades.
No solo habría tomado decisiones que lo beneficiaban económicamente, sino que además se sospecha que manejaba una “red” dentro del organismo que ayudaba a políticos a controlar y seleccionar jueces.
Su nombre apareció primero en la investigación por el robo de declaraciones juradas a jueces y funcionarios. Hay además en su contra una causa penal en su contra luego de que una empleada lo denunciara por supuesto acoso sexual y laboral.
Desde la semana pasada, ante el Cuerpo de Auditores del Consejo de la Magistratura de la Nación, comenzaron a registrarse las primeras rondas de testimoniales en los seis sumarios por diversos desmanejos, que enfrenta Vincent, ex Subadministrador General y ex Director de Recursos Humanos del Poder Judicial de la Nación. Para encargarse de su defensa el funcionario judicial designó a José Manuel Ubeira, abogado de la ex presidenta Cristina Kirchner.
Vincent ingresó al Poder Judicial de la Nación en julio de 1996, con el cargo de “auxiliar administrativo” para cubrir una suplencia, con el respaldo del entonces Presidente de la Corte Suprema menemista Julio Nazareno y el secretario Nicolás Reyes. Cuando tras la reforma constitucional se puso en funciones el Consejo de la Magistratura de la Nación, fue derivado a ese organismo. Escaló posiciones hasta convertirse en Director General de Recursos Humanos y Subadministrador General, ambos cargos claves en el manejo del presupuesto y recursos del Poder Judicial de la Nación.
Según fuentes judiciales, Vincent quedó bajo la lupa por integrar una red de personas que ocupó lugares estratégicos para el manejo del Consejo de la Magistratura y, en especial, de sus recursos económicos. Actualmente, esa red está desarticulada, agregaron las fuentes judiciales. Se sospecha que el grupo estaba liderado por una secretaria letrada que también fue creciendo en influencias dentro del organismo desde la época del entonces consejero Manuel Urriza. La secretaria tiene un sumario abierto, acusada de no presentarse a trabajar durante dos años. Esa investigación, que hasta ahora no avanzó: está en manos de la diputada k y consejera Vanesa Siley.
Desde su cargo, Vicent tenía información sobre el personal de todo el Poder Judicial de la Nación (jueces, funcionarios y empleados), y en especial del Consejo. Así, era la única persona que conocía las vacantes existentes, y daba curso (o no) a los pases a planta permanente o ascensos. A su vez, tenía la facultad, con su firma de dar de alta, determinar el monto, certificar los servicios y mandar a pagar más de cien locaciones de servicio del Consejo. Tenía a su cargo el área de Liquidación de Sueldos de todo el Poder Judicial, es decir, conocía los recibos de haberes de los jueces y funcionarios de todo el país.
Vincent fue desplazado de sus cargos luego de que se detectara que adoptó decisiones en su supuesto propio beneficio económico, desmanejos de caudales, locaciones de servicios truchas, y hasta acoso sexual contra una empleada. Por esa causa enfrenta una denuncia penal desde el año pasado que radicó María Victoria Perez Bayonzo. “Me citaba por cuestiones laborales para tenerme cerca y entre conversaciones sobre temas laborales, mezclaba temas personales”, dijo. Afirmó que había momentos en que “la abrazaba y la soltaba”, declaró. Y que en una oportunidad de esos abrazos le tocó la cola y ella le respondió con insultos y una cachetada. Luego, dijo la mujer, comenzó el maltrato laboral.
La siguientes son las acusaciones en su contra: