Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) admitieron “daños a civiles” y aseguran estar revisando sus directivas, aunque niegan haber emitido órdenes deliberadas de disparar contra personas indefensas.
Sin embargo, numerosos testimonios recabados por Haaretz, Reuters y The Guardian dan cuenta de prácticas sistemáticas: armas pesadas, disparos a corta distancia, escuadras de contratistas privados con libertad de acción, y despliegue policial que actúa contra la misma población que busca ayuda.
La comparación con el sistema que utilizaba la ONU es contundente. Antes del avance de GHF (”Gaza Humanitarian Foundation” o “Fundación Humanitaria de Gaza”, una organización creada a fines de mayo de 2025 con el objetivo declarado de distribuir ayuda humanitaria en el sur y centro de la Franja de Gaza), las agencias de la ONU operaban más de 400 centros de distribución en toda Gaza, con protocolos claros de neutralidad, corredores humanitarios supervisados y una tasa de incidentes letales por debajo del 0,01% en más de dos décadas de trabajo en la región. GHF, en apenas cinco semanas y con solo cuatro centros operativos, acumula más de 600 muertos y miles de heridos.
Mientras la ONU establecía su presencia con apoyo comunitario, GHF llega con fuerte respaldo militar, operativos cerrados y logística opaca.
Desde el Derecho Internacional Humanitario, las violaciones son manifiestas. Los principios de Distinción y Precaución prohíben en forma categórica el uso de fuerza contra población civil durante operaciones de asistencia. La “masacre de la harina”, ocurrida en febrero de 2024, con más de 100 muertos en una estampida causada por disparos cerca de un convoy, ya había anticipado la lógica perversa que se repite hoy: militarizar el hambre, criminalizar la necesidad.
La Fundación —que se presenta como entidad neutral— ha sido criticada por al menos 170 organizaciones humanitarias, incluidas Médicos Sin Fronteras y Human Rights Watch, que exigen su disolución inmediata. No solo por las muertes, sino por el precedente que sienta: transformar la ayuda en un dispositivo de control.
Un informe de Al Jazeera señaló que la asistencia se entrega según criterios no públicos, en zonas previamente despobladas por la fuerza. El resultado es una población hambrienta, obligada a recorrer kilómetros hacia zonas militarizadas, donde recibe alimentos con un fusil en la espalda.
La lógica no es nueva, pero sí más impune. En Somalia, Yemen y el Sahel, fundaciones con respaldo político-militar han reemplazado a la ONU en contextos de alta conflictividad. Pero el caso de Gaza inaugura otra escala: una fundación amparada por la potencia ocupante, con coordinación militar explícita y sin mecanismos conocidos de rendición de cuentas.
El informe de TRIAL International, que ya investiga posibles crímenes de guerra, advierte que el uso sistemático de fuego en zonas de asistencia puede configurar responsabilidad penal internacional.
La comunidad internacional guarda silencio. Algunos por cálculo político, otros por omisión estratégica. Pero ese silencio es cómplice. Gaza es hoy un espejo: muestra el colapso del orden humanitario basado en reglas, y el ascenso de un modelo privatizado, sin control civil, donde la caridad se administra como un rehén.
En la última semana, nuevos informes de Reuters y Associated Press confirmaron que al menos 27 civiles adicionales murieron en incidentes ocurridos en las cercanías de centros de distribución gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza. En uno de los casos, drones israelíes fueron observados monitoreando desde el aire durante el tiroteo, lo que plantea dudas sobre la supervisión activa de los operativos.
Además, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos en Palestina calificó estas acciones como posibles “ejecuciones extrajudiciales en contexto de ayuda humanitaria”, y advirtió que el uso de contratistas armados sin identificación visible constituye una violación grave del Derecho Internacional Humanitario. Human Rights Watch exigió una investigación internacional independiente y pidió suspender de inmediato las operaciones de GHF hasta que se establezca un mecanismo civil de monitoreo.
Estas novedades refuerzan el patrón de impunidad y militarización de la asistencia, debilitando aún más el sistema de protección a civiles en conflictos armados. La necesidad de una respuesta global ya no es solo ética: es urgente y jurídicamente imprescindible.
Frente a esto, urge una respuesta. No basta con denunciar: se necesitan marcos vinculantes que impidan el uso de fuerza en contextos humanitarios, establezcan auditorías independientes, sancionen a los responsables y restablezcan el principio esencial de neutralidad. La ayuda no puede ser una trampa. Si el hambre se convierte en blanco y la asistencia en amenaza, no solo mueren personas: se desangra también el derecho que debía protegerlas.
Juan Martín Paleo es Teniente General (R). Ex Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.