Un equipo científico francés encontró más de 2.000 barriles con desechos nucleares en el fondo del océano Atlántico, a unos 600 kilómetros mar adentro de Galicia y a una profundidad de más de 4.000 metros.
El descubrimiento se produjo durante una misión de exploración que busca identificar residuos radiactivos arrojados al mar por distintos países europeos a lo largo del siglo pasado.
El hallazgo forma parte del proyecto Nodssum, impulsado por el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia. La expedición zarpó desde Brest el 15 de junio y trabaja a bordo del barco oceanográfico L’Atalante, utilizando un robot submarino de alta tecnología llamado UlyX, capaz de detectar objetos sumergidos en zonas profundas mediante sonar.
Los barriles descubiertos fueron arrojados al mar entre las décadas del 40 y el 80, cuando verter residuos radiactivos en el océano era una práctica legal y habitual entre varios países europeos. Se estima que, en total, hay más de 200.000 barriles distribuidos en una zona de unos 10.000 kilómetros cuadrados del lecho marino.
Según el geólogo marino Javier Escartín, uno de los coordinadores del proyecto, el tipo de residuos encontrado corresponde a materiales de baja o media radiactividad: restos de laboratorio, elementos de oficina y equipos vinculados al desarrollo inicial de la energía nuclear civil.
“Hemos cartografiado ya más de 120 kilómetros cuadrados, que es una parte muy pequeña con respecto a los 10.000 kilómetros cuadrados de la zona, pero ya nos da algo representativo. Hemos identificado 2.000 barriles”, explicó el geólogo a EFE.
Aunque los primeros análisis no muestran niveles preocupantes de contaminación, el objetivo de la misión es determinar si estos residuos están afectando la biodiversidad marina. Para eso, los científicos están recolectando muestras de sedimentos, peces y agua para analizarlas en laboratorio.
La campaña francesa cuenta con el respaldo del Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar y la Agencia de Seguridad Nuclear y Radioprotección, y mantiene comunicación con organismos europeos como la Comisión Europea y el convenio OSPAR, que regula la protección del Atlántico Nordeste.
Desde España, la Xunta de Galicia pidió explicaciones al Gobierno, mientras que eurodiputados del BNG y el PP elevaron preguntas formales en Bruselas. Por su parte, el Consejo de Seguridad Nuclear aclaró que España no participó en esos vertidos y que no se detectaron niveles significativos de radiactividad en la costa de España ni cantábrica.