El futuro no es una quimera. Es una realidad que construimos con cada decisión que tomamos en el presente. Es también, sin dudas, un terreno de disputa, en el cual la dimensión ambiental parece decisiva y al mismo tiempo la primera en ser desestimada.
En un contexto de crisis ecológica global, donde los impactos ambientales se agravan y las desigualdades sociales se profundizan, pensar hacia dónde vamos implica asumir una responsabilidad social y política ineludible. De no tomar acción en materia ambiental y cambiar el rumbo, de aquí a 30 años podríamos habitar un mundo profundamente degradado.
A esta realidad se suman transformaciones políticas globales que, de la mano de liderazgos autoritarios y plataformas digitales desinformantes, desdibujan los márgenes de la democracia y bloquean el diálogo necesario para enfrentar estos desafíos complejos.
No podemos definir los horizontes posibles para nuestro país y el ambiente sin antes mirar hacia atrás, reconocer los logros alcanzados y reflexionar sobre los desafíos que persisten. Argentina ha transitado un proceso significativo en materia ambiental desde la reforma constitucional de 1994, que reconoció el derecho a un ambiente sano. Le siguieron leyes clave como la de Bosques Nativos, Glaciares y Cambio Climático. Conquistas impulsadas en gran medida por una ciudadanía activa y movilizada y son una estructura normativa relevante, que supera con creces la de otros países de la región y da cuenta de un compromiso histórico y sostenido con la legislación ambiental.
Sin embargo, hoy esa arquitectura legal y los consensos que la hicieron posible están siendo sistemáticamente desmantelados, en un proceso político que está arrasando con las garantías ganadas por la ciudadanía argentina. El primer paso fue la eliminación del Ministerio de Ambiente, que pasó a ser una subsecretaría y que sufrió un recorte presupuestario del 79,4% en términos reales. A su vez, se subejecutaron partidas ambientales clave, como las destinadas al manejo del fuego, el Fondo de Bosques o programas de adaptación climática como el de control de inundaciones, a la vez que se desmontaron más de 90 mil hectáreas de bosques en el Chaco en los últimos dos años.
En 2024 se incendiaron más de 300.000 hectáreas, y en los primeros meses de 2025, los incendios en la Patagonia y Corrientes arrasaron otras 287.000 hectáreas, dejando víctimas fatales y cientos de familias sin hogar. En marzo, las inundaciones en Bahía Blanca causaron la muerte de 16 personas y destruyeron zonas urbanas enteras. Un hecho similar volvió a repetirse a mediados de mayo, donde intensas lluvias provocaron nuevas inundaciones y daños materiales en el norte de la provincia de Buenos Aires.
Nos enfrentamos a una realidad que no debemos ni podemos naturalizar: las pérdidas humanas, económicas y sociales vinculadas al cambio climático son cada vez más frecuentes, más severas y, en muchos casos, evitables. La falta de planificación y de adaptación de nuestras ciudades frente a eventos climáticos extremos es una deuda pendiente que ya no admite demoras.
Incorporar la perspectiva ambiental como eje transversal del desarrollo no es una opción, sino una necesidad urgente. La gestión sostenible del agua, el aire, la protección de la biodiversidad y los ecosistemas deben ser reconocidos como parte del capital estratégico del país. Estamos a tiempo de proyectar un país donde el bienestar de las personas y de los ecosistemas no sean variables de ajuste, sino el centro de toda política pública. Lo que está en juego es el futuro que queremos, y el momento de hacerlo una realidad es ahora.
Andrés Nápoli y Pia Machegiani son Directores ejecutivos de FARN (Fundación Argentina de Recursos Naturales)