La fiscal federal, Alejandra Mangano, desestimó una denuncia contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia por el fallo que confirmó la sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner del caso Vialidad. La representante del Ministerio Público Fiscal no encontró sustento jurídico ni la comisión de un delito en el accionar del máximo tribunal. Se había denunciado a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti por prevaricato y tráfico de influencias..
“Entiendo que el escrito introduce una cuestión que pareciera pertenecer únicamente a una interpretación subjetiva de los letrados, asociada a las circunstancias y consecuencias políticas del fallo, aspectos que exceden los requisitos fácticos mínimos exigidos y no encuentran correlato en el ámbito jurídico penal”, sostuvo la fiscal al pedir al juez Ariel Lijo que desestime el caso.
De esta manera, sin el impulso penal del Ministerio Público Fiscal, necesario para que una investigación se inicie, la denuncia de los abogados Ignacio Fernández Camillo, Adrián Rodríguez Antinao, Andrés Emanuel Noetzly y José Francisco Sánchez Peralta, contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no prosperó.
En el dictamen de cinco páginas al que accedió Clarín, analizó los aspectos consignados en la denuncia penal. En ella se hacía referencia a la posible comisión de los delitos de prevaricato y tráfico de influencias, como resultado de la resolución del 10 de junio que dejó firme la sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner y otros ocho acusados en el caso Vialidad.
La decisión del máximo tribunal condujo a la ex presidenta a cumplir el arresto -bajo la modalidad de domiciliario por decisión del Tribunal que ejecuta la pena-, por la pena de seis años al haber sido hallada responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El daño ocasionado a raíz de la maniobra de corrupción alrededor de los 51 procesos licitatorios otorgados a Lázaro Báez, según el decomiso actualizado hace una semana, asciende a $ 684.990.350.139,86 y en el fallo que intimó al pago de dicha cifra -en el plazo de 10 días hábiles-, se explicó que el número es resultado de “gravísimo hechos de corrupción”. Además el Tribunal, sostuvo que es consecuencia del “proceso de determinación fehaciente del daño producido al erario público”.
Sin embargo, un sector de la política en defensa de la ex Presidenta continúa sosteniendo que se trata de una “persecución política” y no de un expediente con sustento jurídico como señaló en su fallo la Corte Suprema.
En contrapartida a los argumentos vertidos por los integrantes del máximo tribunal en su resolución del 10 de junio, los denunciantes señalaron entre varias cuestiones que, en el contexto planteado podrían identificarse tres acciones “de rasgos institucionales, disruptivos que denota un accionar corrupto de la actividad cortesana habitual”.
En definitiva, a partir de la mención que realizaron los denunciantes respecto a distintos pronunciamientos del máximo tribunal concluyeron que: “Se ha repetido hasta el hartazgo, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no está sometida a plazos para resolver las causas que llegan a sus estrados; pero ello no tiene ningún sustento legal, más que convertir al proceso en maleable…esa laguna no puede autorizar acciones inéditas que afecten la división de poderes, la interferencia política, la venganza, el posicionamiento político, la persecución judicial o la proscripción política”.
En otras palabras los abogados hablaron de los ministros de la Corte, decidieron resolver el caso con “asombrosa premura, días después de que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner lanzara oficial y públicamente su candidatura para competir en las elecciones bonaerenses de este año”, dejando de lado los elementos de prueba que sustentan las acusaciones y la intervención de más de 16 funcionarios judiciales desde que el caso comenzó a investigarse.
Frente a estos planteos la fiscal Mángano explicó en su dictamen que la presentación está dirigida a “cuestionar, con base en apreciaciones subjetivas, el momento en el que la Corte Suprema de la Nación se pronunció en el marco del incidente de recurso extraordinario formado en la causa conocida públicamente como Vialidad”, donde se desestimaron los recursos extraordinarios interpuestos por las defensas después de que la Cámara de Casación confirmó la sentencia de juicio.
Para la representante del Ministerio Público Fiscal, los abogados denunciantes “no logran puntualizar cuál sería la normativa incumplida o inobservada en la intervención de los miembros del máximo tribunal de justicia en el trámite del recurso extraordinario cuestionado”.
A la hora de referirse al plazo en el cual la Corte se pronunció sobre este caso de corrupción, Mángano recordó que el máximo tribunal es la última instancia de revisión que tienen las defensas, “con lo cual una solución ágil de esas pretensiones no puede ser adjudicada sin más a una intencionalidad contraria a los intereses de las partes, más allá del devenir del resultado jurídico del caso”.
Sobre los otros argumentos de los denunciantes, la fiscal dijo que pretenden con la denuncia “construir el relato de un hecho delictivo a partir de una interpretación de ‘estadísticas’ sobre la duración del trámite de distintos casos judiciales a lo largo del tiempo, cuyo sesgo y falta de objetividad se desprende de la sola lectura del escrito”.
Finalmente y resaltando que no encontró los elementos requeridos para impulsar una investigación, dijo que no puede iniciarse una investigación penal “en base a suposiciones, percepciones o elucubraciones motivadas en cuestiones sociales, políticas o ideológicas” y, por tanto, pidió su desestimación.