
La jueza federal María Servini declaró la nulidad de la intervención del PJ salteño impulsada por Cristina Kirchner, titular nacional del partido, a través de los integrantes del Consejo. Fue luego de la elección provincial en la que el peronismo cosechó un mal resultado y unas horas antes de una reunión virtual del Congreso, en la que estaba previsto que se tratara ese conflicto.
El PJ con sede en la calle Matheu había avanzado en febrero con la intervención de los partidos en Salta y Misiones, por las votaciones de los legisladores que responden a Gustavo Sáenz y Carlos Rovira a favor del Gobierno. En Diputados comparten el bloque Innovación Federal, con un rionegrino del sector de Alberto Weretilneck. En el Senado dos misioneros también se mueven en esa dirección. Los representantes de Salta en la Cámara alta, en cambio, tienen terminal en Cristina Kirchner.
Esteban Amat Lacroix, titular del PJ de Salta alineado con Sáenz, presentó un planteo de nulidad de la intervención. Entre los fundamentos alegó que el motivo era “amedrentar” a las autoridades provinciales que habían apoyado el desafío de Ricardo Quintela a Cristina Kirchner en la pulseada por la presidencia del partido y a su vez “tomar el control” para que un interventor “designe a dedo” los candidatos en el distrito.
En el caso de Salta fueron designados Sergio Berni y María Luz Alonso, dos dirigentes cercanos a la ex mandataria. En las elecciones legislativas de hace 10 días, Sáenz armó dos listas -una con peronistas, con otro sello, y otra con perfil más conservador- y el kirchnerismo presentó el Frente Justicialista, con el PJ y el Partido de la Victoria, con un resultado pobre: 6% en la categoría más atractiva a senador por la Capital.
“Les mandamos un saludo grande a los que nos intervinieron a un mes de la elección. No sacaron un solo diputado”, ironizó Sáenz durante su discurso en el que celebró que conservó la hegemonía en la Legislatura, aunque en parte golpeado por el triunfo de La Libertad Avanza en la Capital, el principal departamento de la provincia con más del 41% del padrón.
En la resolución, Servini consignó que la intervención debía ser dispuesta por el Congreso nacional del partido y no por el Consejo, pero más allá de eso desestimó los motivos esbozados por los dirigentes conducidos por Cristina. “Los argumentos esgrimidos no constituyen una fundamentación razonable y revelan únicamente la diferencia de criterios en relación a la acción política”, consideró en alusión al posicionamiento de los diputados salteños como aliados del Gobierno en tratamientos clave para el oficialismo como la Ley Bases, el mega DNU 70/23 y la defensa de los vetos a las mejoras para los jubilados y el presupuesto universitario, entre otros temas.