En 2025, las deportaciones de inmigrantes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han marcado un nuevo récord.
En algunos territorios, como Puerto Rico, las operaciones se intensificaron notablemente: es uno de los lugares donde más gente deportada hubo.
Las detenciones se llevaron a cabo tanto en zonas urbanas de San Juan como en centros laborales, iglesias y hogares.
Según un reciente informe de la organización de medios National Public Radio (NPR) sobre operaciones de ICE en Puerto Rico, desde el 26 de enero hasta principios de junio de 2025 más de 445 personas han sido detenidas, de los cuales el 75 % son nacionales de República Dominicana.
Esto refleja una escalada notable respecto a años anteriores, ligado a políticas migratorias más agresivas bajo la nueva administración federal.
Entre enero y febrero de 2025, además, al menos dos puertorriqueños ciudadanos estadounidenses fueron arrestados -uno por ser confundido en Newark y otro en Milwaukee al hablar español-, lo que ha levantado fuertes acusaciones de perfiles raciales.
Este tipo de detenciones ha intensificado la desconfianza en la agencia y ha impulsado a ciudadanos a portar documentos que prueben su identidad y estatus.
A nivel continental, y de acuerdo a datos del Deportation Data Project revisados por NPR, más de 56.000 personas permanecen actualmente detenidas, muchas sin condenas criminales porque al menos el 50 % no cuentan con antecedentes penales.
El gobierno persigue un objetivo de 3.000 operaciones de arresto por día, con la presión de cumplir esa meta ampliando el alcance de los operativos.
Las redadas en lugares “seguros” (escuelas, iglesias, barrios especializados) han generado un clima de miedo y desconfianza, especialmente entre estudiantes y trabajadores que evitan acudir a citas o a cumplir trámites legales.
La comunidad dominicana en Puerto Rico enfrenta una sensación de “ciudad sitiada”, sin concurrir a escuelas y centros de salud por temor a arrestos.
Se han registrado protestas y acciones legales por parte de organizaciones como la Union Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) que denuncian detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.
Las cifras de deportaciones en 2025 marcan un cambio significativo en la política migratoria de EE.UU.: con más de 445 personas detenidas en Puerto Rico en cinco meses y decenas de miles bajo custodia en territorio continental, el sistema enfrenta críticas por operar sin distinción, desconfiando incluso de ciudadanos.
El desafío que surge ahora es cómo proteger a las comunidades vulnerables, asegurar el debido proceso y contener el impacto social de estas medidas.