Esta vez fue la Corte Suprema, con la confirmación de la condena, la que,- como en la fábula del traje del emperador, cuando la inocencia de un chico dejó al descubierto que el hombre no vestía ropajes extraordinarios sino que iba por la vida como Dios lo trajo al mundo-, terminó de poner en evidencia lo que ya se sabía: Cristina Kirchner, dos veces presidenta, ex diputada, ex senadora, ex vicepresidenta, lideró una “fenomenal maniobra defraudatoria” contra el Estado.
“La política pública que su gobierno pregonaba presagiando un beneficio sin precedentes para la extensa provincia patagónica, en verdad escondía, cual caballo de Troya, al presupuesto indispensable para el desarrollo exitoso de la empresa criminal y sus múltiples aristas”, dijeron los integrantes del Tribunal Supremo en su fallo.
Aunque la necesidad de mantener el relato y una suerte de épica trasnochada lleve a muchos a hablar de lawfare, persecución, poderes fácticos y hegemónicos alineados para “proscribirla” y algunos otros desvaríos militantes por el estilo, por obra y gracia de la Justicia actuando y de una cantidad impresionante de prueba acumulada, Cristina acaba de ingresar a un triste y no tan selecto club: el de los ex presidentes condenados por corrupción en América latina.
Entre algunos de sus miembros se cuentan Lula da Silva, que rigió los destinos de Brasil entre 2003 y 2010, condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero en el marco del Lava Jato, condenas anuladas en 2021 por la Corte Suprema al considerar la incompetencia del tribunal que lo juzgó, y parcialidad de parte del juez actuante. Lula consiguió ser reelecto en 2022.
En Guatemala, la fórmula de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti fue condenada en 2022 a 16 años de prisión por liderar una red de defraudación aduanera.
Por blanqueo de capitales recibió sentencia a más de 10 años de prisión el presidente panameño Ricardo Martinelli, en 2023; más tarde sería también inhabilitado.
El ecuatoriano Rafael Correa, que supo mantener estrechos lazos con el kirchnerismo y su jefa máxima, recibió una pena de 8 años de prisión e inhabilitación política por cohecho, confirmada por la Corte Suprema de su país. Residente en Bélgica desde que dejó el gobierno, jamás cumplió la condena, al no haber vuelto al país. Destituido por el Congreso por “incapacidad mental”, su compatriota Abdalá Bucaram, que ocupó la presidencia tan sólo un semestre, tuvo muchas causas por corrupción y enriquecimiento ilícito, pero a pesar de la prisión preventiva que le dictó la Corte Suprema obtuvo asilo político en Panamá.
Juan Orlando Hernández Alvarado en Honduras, Francisco Flores y Antonio Saca en El Salvador son otros de los ejemplos.
En la región, Perú ostenta el récord de ser el que tiene la mayor cantidad de ex presidentes detenidos o investigados por corrupción: Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo. Alan García, que estuvo casado con la argentina Pilar Nores, se pegó un tiro justo cuando estaban por detenerlo. Y la actual mandataria, Dina Boluarte, suma denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, contrataciones irregulares y algunas otras cuestiones. Pero todavía no ingresó al club.
Por aquí, además de Cristina, el otro ex presidente condenado fue Carlos Menem. Sin olvidar al ex vice y ex compañero de fórmula de la misma Cristina, Amado Boudou, que cumplió prisión por corrupción.
Latinobarómetro informa que, desde 1979, 24 presidentes (17%), en once países de la región, de un total de 139 mandatarios, han sido acusados o condenados por corrupción. Y recuerda que son sólo seis los países de América latina que no tienen a ningún mandatario acusado por la Justicia. En esos países, señala, “hay mejores indicadores de la democracia y más rechazo a actitudes autoritarias”.