El peronismo tenía todo acordado para comenzar a destrabar la designación de los auditores de Diputados en la Auditoría General de la Nación (AGN), pero Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, llamó al Congreso y dio la orden de bloquear la jugada opositora en rechazo a uno de los candidatos. Mientras tanto, el titular del organismo de control, Juan Manuel Olmos, alertó sobre la posible caída de desembolsos internacionales por el incumplimiento de los informes.
En forma paralela, la oposición acusa al Gobierno de querer mantener la acefalía de la AGN, paralizada desde hace dos meses, y el oficialismo con los aliados rechazan la posible conspiración. Por su parte, los auditores reclaman al Congreso la aprobación de una ley reglamentaria de la auditoría, que está pendiente desde la reforma de la Constitución del ’94 y que entre otras cosas debería establecer el mecanismo de elección de los auditores.
El panorama es preocupante. Olmos alertó a la dirigencia política que la falta de designación de los auditores designados por el Congreso tiene un impacto “muy fuerte”. La acefalía impide que se cumpla con los controles de las cuentas públicas, tal como lo fija la Constitución, pero además va a empezar a demorar los desembolsos de los créditos otorgados por los organismos multilaterales que requieren tener aprobadas las auditorías.
Es que la AGN audita los préstamos otorgados por el Banco Mundial, el BID, el banco de desarrollo FONPLATA y del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), entre otros. Sin los informes de la auditoría no se harán los desembolsos afectando a programas y a organismos del Estado, con el correlato que tiene sobre la imagen internacional del país. Y esto sin mencionar que las empresas ya comenzaron a llevar sus controles a consultoras privadas.
Karina Milei junto a Sharif Menem en uno de los palcos de Diputados. Foto: Federico López Claro.Karina Milei le bajó el pulgar a la nominación de Monzó
Mientras tanto, en el Congreso siguen las peleas entre el oficialismo y la oposición por las sillas en el organismo de control, un cargo que es deseado porque garantiza continuidad por 8 años y otorga sueldos millonarios.
Tras el fracaso de la última sesión de Diputados, en la que iban a ser designados el camporista Juan Forlón por el peronismo y Emilio Monzó, en representación de los espacios federales; los K y la oposición díscola decidieron bajar el tema de la sesión pedida para el 4 de junio, en la que se tratará el aumento para los jubilados, la emergencia en discapacidad y la ayuda para los inundados en la Provincia.
Pero el dato que trascendió en el Palacio Legislativo fue que Karina Milei ordenó bloquear la designación de los auditores porque no lo quiere a Monzó en el organismo. El ex titular de la Cámara Baja durante el gobierno de Mauricio Macri fue postulado gracias al apoyo que recibió de Sergio Massa, lo que le permite contar con los votos de Unión por la Patria.
Martín Menem en la última sesión de Diputados. Foto: Juano Tesone.Ante la falta de acuerdo, Martín Menem mandó su propuesta de reforma de la AGN, que propone que el Senado le ceda a Diputados una silla en el organismo para dejarle a la Cámara Alta el beneficio de designar al presidente del organismo. Esto va a contramano de la Constitución que fija que el titular de la auditoría será designado a propuesta del partido de oposición con mayor número de legisladores.
Frente a este proyecto, el salteño Juan Carlos Romero calificó la propuesta del riojano de “exótica, por no llamarla absurda” durante la reunión de la comisión Revisora de Cuentas, que preside Miguel Angel Pichetto. “Hasta el portero se va a dar cuenta que no va a pasar nunca en el Senado”, remató Romero, quien opinó que con ese proyecto el Gobierno quiere que “no haya nunca auditores”.
La diputada Soledad Carrizo (UCR) negó que haya intencionalidad de los libertarios de querer trabar la designación de autoridades de la AGN. “Lo que está planteando el Gobierno es generar una ampliación de la participación en la representatividad de acuerdo a una realidad política que ya no se condice con el bipartidismo”, argumentó a este diario.
En rigor, el proyecto del Ejecutivo es integral porque toca la cuenta de inversión del Estado, la responsabilidad de los funcionarios y la selección de los auditores. Sin embargo, las intenciones se desdibujan al convocar solo a la comisión de Asuntos Constitucionales y no a la Presupuesto para debatir la iniciativa concentrándose sobre la reducción de los mandatos y los sueldos.
Más de 30 años sin una ley que reglamente a la AGN
En medio de la discusión por el nombramiento de los auditores surgió otro dato que alarma. Hace más de 30 años que el artículo 85 de la Constitución está sin reglamentarse. El artículo en cuestión habla del control externo del sector público e impulsa la creación de un organismo de asistencia técnica del Congreso, es decir, la AGN.
En la redacción se deja en claro que el organismo “se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara”. Eso nunca se cumplió y el principal organismo de control siguió regido por la ley 24.156 aprobada en 1992 cuando el Tribunal de Cuentas fue sustituido por la AGN.
La ex diputada y vicepresidenta de la Fundación Eforo, Carla Pitiot, explicó que el Congreso debe avanzar en una ley de auditoría porque la antigua legislación fue elaborada antes de la reforma constitucional cuando se redujo el mandato presidencial de 6 a 4 años. Apuntó que la legislación del ’92 no establece las facultades de la auditoría ni la metodología para seleccionar a los auditores.
Quienes reclaman una legislación exigen que los informes sean vinculantes, que haya una mayor conexión entre la AGN y la comisión Revisora de Cuentas y que se fijen plazos para la realización de los informes.
A todo esto, la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) marchó al Congreso esta semana para exigir que se cubran en forma urgente las vacantes en la AGN. Hugo Quintana y Miguel Giménez, secretario general y adjunto de APOC, entregaron un pedido formal ante la bicameral alertando que “las demoras en las designaciones y la falta de presupuesto ponen en jaque el control técnico-legislativo que exige la Constitución”.