La elegibilidad presidencial de Marine Le Pen, la candidata de Reagrupación Nacional o ex Frente Nacional, está bajo cuestionamiento en la justicia francesa.
El primer paso tras ser condenada por la contratación de empleados de su partido pagados con fondos del estado en el Parlamento Europeo ya tiene secuelas en su carrera política y amenaza su candidatura presidencial para el 2027.
El Tribunal Administrativo de Lille confirmó este miércoles la dimisión de Marine Le Pen a su cargo de consejera Departamental de Paso de Calais.
A través de su abogado, Le Pen anunció que recurriría esta decisión ante el Consejo de Estado, el máximo tribunal administrativo de Francia. Según la jurisprudencia, conserva su mandato como diputada por Paso de Calais.
En una sentencia dictada este miércoles, el Tribunal Administrativo de Lille confirmó la dimisión obligatoria de Marine Le Pen de su cargo de consejera.
El 10 de abril, el Prefecto de Paso de Calais había declarado la dimisión de Marine Le Pen de su cargo de consejera Departamental.
Esta decisión se produjo tras la sentencia, dictada por el Tribunal Penal de París el 31 de marzo de 2025, que la privó de su derecho a presentarse a las elecciones durante cinco años, con ejecución provisional de la sentencia. Ella apeló también esta decisión.
“Sobre el fondo de la controversia, el tribunal dictaminó que las disposiciones legislativas del Código Electoral aplicables a los consejeros departamentales exigen que el prefecto declare automáticamente la dimisión del cargo electo departamental declarado inelegible por el tribunal penal, mediante sentencia acompañada de ejecución provisional. Por consiguiente, el tribunal administrativo desestimó la solicitud”, explicó el tribunal en un comunicado de prensa.
Marine Le Pen anunció, a través de su abogado, Thomas Laval, que apelará esta decisión ante el Consejo de Estado.
La líder de los diputados de Agrupación Nacional en la Asamblea Nacional, condenada a finales de marzo a una inelegibilidad inmediata de cinco años en el caso de los asistentes parlamentarios de su partido, conserva su mandato como diputada por Paso de Calais, según la jurisprudencia, pero fue destituida de su cargo como concejala departamental en abril.
La principal crítica a la defensa de la excandidata presidencial en las elecciones de 2012, 2017 y 2022 se refiere a la negativa de los jueces administrativos a plantear una cuestión prioritaria de constitucionalidad.
“Esta denegación también resulta muy perjudicial, dado que el mecanismo de renuncia automática a un cargo local, tras la condena de inelegibilidad con ejecución provisional impuesta a la Sra. Le Pen, viola varios derechos y libertades garantizados por la Constitución, en un contexto en el que la condena penal no es firme y la Sra. Le Pen impugna enérgicamente su culpabilidad”, declaró su abogado.
El recurso de apelación de Marine Le Pen ante el Consejo de Estado tiene efecto suspensivo. Esto significa que la exdiputada por Paso de Calais podrá seguir ejerciendo como consejera departamental del cantón de Hénin-Beaumont 2. Fue elegida junto a Steeve Briois en las elecciones de 2021.
Marine Le Pen fue condenada a cuatro años de prisión, dos de ellos en suspenso, y a una pena de inhabilitación por “malversación de fondos públicos” en el caso de los asistentes de los eurodiputados del Frente Nacional.
El Tribunal Penal de París la consideró “el núcleo” del sistema establecido para pagar a los empleados del partido con fondos del Parlamento Europeo entre 2004 y 2016. El importe total de la malversación asciende a 4,4 millones de euros.
La vista de apelación está prevista para los próximos meses. El fallo debe emitirse antes del verano de 2026, según ha indicado ya el Tribunal de Apelación de París. Esto podría darle o no tiempo para preparar su candidatura presidencial.