El gobernador Axel Kicillof envió este miércoles al Senado provincial un proyecto de ley para que lo autoricen a tomar deuda por más de 1.000 millones de dólares, en un nuevo intento por lograr fondos frescos para la gestión de Buenos Aires dado que su administración no logró la aprobación del Presupuesto 2025 en la Legislatura, donde persisten los enfrentamientos con la oposición y el sector del kirchnerismo duro.
La inesperada presentación de este pedido del gobernador -que incluye la postergación hasta diciembre del cobro de deudas a municipios que habían recibido fondos provinciales para afrontar la pandemia del Covid19- tuvo rápida repercusión en la Legislatura donde la Cámara de Diputados declinó de someter a votación esta misma tarde de miércoles el proyecto camporista que condonaba esas deudas de las intendencias por el “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la contención fiscal”. El trasfondo de esa movida tenía el impulso de Máximo Kirchner.
Es que en el proyecto que presentó Kicillof al Senado, además del permiso para tomar deuda, dispuso prorrogar hasta diciembre el cobro de las deudas por casi 8 mil millones de pesos y reintegrar las cuotas abonadas este año.
Según fuentes gubernamentales, ya en marzo cuando abrió las sesiones ordinarias, Kicillof anunció que iba a volver a enviar un proyecto de ley con las “herramientas necesarias para la gestión económica” de la provincia y los municipios luego de que en diciembre no lograra la sanción del Presupuesto 2025.
Esta nueva iniciativa incluye el pedido de “autorización para operaciones de crédito público por los montos que se habían solicitado en diciembre” por 1.045 millones de dólares, crear un fondo para municipios por un 8% del endeudamiento que se contraiga, la suspensión de la devolución de los fondos que los municipios adeudan a la Provincia hasta diciembre, a lo que se suma el reintegro de las cuotas abonadas este año.
Por otra parte, el Gobierno pidió al Senado prorrogar algunas de las emergencias vencidas en infraestructura, vivienda y servicios públicas; servicio penitenciario; y seguridad.
Para la Gobernación, explicaron, todo esto “genera instrumentos necesarios para la gestión provincial y municipal en un contexto económico y social crítico como el actual” y restablece “equilibrios económico fiscales para los distintos niveles de gobierno”.